La Agrupación Naturalista Esparvel ha dirigido una carta a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, para expresar su preocupación ante el deterioro ambiental que está generando la instalación masiva de parques fotovoltaicos en Castilla La Mancha.
En una nota de prensa, la organización ha denunciado este viernes que estos proyectos, que abarcan miles de hectáreas, afectan «gravemente» a especies en peligro de extinción y a hábitats protegidos.
Entre los proyectos autorizados se ha referido a los parques fotovoltaicos Guadarramas 2-3 en Viso de San Juan, Sagras 1-3 en Camarenilla y Bargas, Mulhacén en Numancia de la Sagra y Helenas 1-14 en Casarrubios del Monte, todos ellos en la provincia de Toledo.
La organización ha subrayado que estos proyectos han recibido Declaración de Impacto Ambiental favorable, «a pesar de la abundante información que evidencia su afección crítica a la biodiversidad».
En este sentido, Esparvel ha explicado que la normativa estatal y autonómica en materia de protección de la biodiversidad obliga a conservar el hábitat de especies protegidas y a evitar acciones que lo perjudiquen.
Asimismo, ha resaltado que Castilla-La Mancha alcanza cerca del 48 por ciento de la superficie total del país destinada a parques fotovoltaicos.
Frente a esta situación, ha solicitado a la Consejería de Desarrollo Sostenible la implementación de una planificación previa que garantice la compatibilidad entre el desarrollo de energías renovables y la protección del medio ambiente.
Entre las medidas propuestas se encuentran la fijación de una capacidad máxima de acogida de proyectos por municipio, la unificación de líneas de evacuación para reducir impactos ambientales, la protección de suelos agrícolas de alto valor productivo y la aplicación de criterios que prioricen la instalación de estos proyectos en terrenos degradados o de escaso valor ecológico.
La agrupación ha exigido una revisión de la normativa vigente para evitar la declaración de utilidad pública de parques solares y eólicos en detrimento de actividades agrícolas y ganaderas.
De la misma manera, ha pedido que se aplique una distancia mínima a núcleos urbanos para evitar impactos visuales y posibles efectos derivados de los campos electromagnéticos.
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