El Gobierno regional y las organizaciones sindicales mayoritarias de la Función Pública han aprobado hoy, en la reunión de la Mesa General de Negociación del personal empleado público, la propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) para 2022 del personal funcionario y laboral de Administración General y del personal funcionario docente no universitario de la Administración de la Junta de Comunidades, que asciende a 1.744 plazas.
La propuesta de la Oferta de Empleo Público para Educación y Administración General ha salido adelante con los votos a favor de CCOO, CSIF, FSES y UGT en la mencionada reunión de la Mesa General de Negociación del personal empleado público, que ha estado presidida por el director general de Función Pública, José Narváez, y que también ha contado con la participación del director general de recursos humanos y planificación educativa, José Manuel Almeida.
676 plazas en Educación y 1.068 en Administración General
Tras el proceso de negociación colectiva que se ha llevado a cabo, la OEP queda distribuida de la siguiente manera: 676 plazas en Educación y 1.068 plazas en Administración General, de las cuales 598 son para personal funcionario y 470 para personal laboral. Del total de plazas, 1.486 serán de turno libre (810 en Administración General y 676 en Educación) y 258 de promoción interna, todas ellas para personal funcionario.
Una vez celebrada la Mesa General de Negociación, la Oferta de Empleo Público para 2022 en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se elevará al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, para su aprobación por parte del Ejecutivo regional.
Objetivo, blindar las plantillas
Esta nueva oferta se suma a las sucesivas ofertas de empleo público que cada año convoca el Gobierno autonómico, en el marco de un importante plan de impulso a los servicios públicos que desde 2016 ha permitido aprobar más de 15.700 plazas y que tiene la previsión de llegar a más de 22.000 en 2023.
De esta forma, se persigue reducir la tasa de temporalidad, que ya en Castilla-La Mancha es, de por sí, una de las más bajas de España, además de blindar las plantillas, ofrecer posibilidades de encontrar un empleo en la Administración, facilitar oportunidades de promoción interna, favorecer la incorporación de las personas con discapacidad a la función pública y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, mejorando, a su vez, la calidad de los servicios públicos que se prestan desde la Administración regional.