El último Consejo de Ministros, del pasado viernes 24 de febrero, aprobó la remisión a las Cortes Generales de un Proyecto de Ley Orgánica y un Real Decreto Ley para posibilitar la creación del mecanismo de financiación a entidades locales para el pago a proveedores, así como el otorgamiento del aval del Estado con carácter temporal, en futuros mecanismos de financiación de todas las Administraciones públicas con la misma finalidad.
En este Consejo de Ministros se ha aprobado, por tanto, la base legal necesaria para articular este mecanismo de financiación. Con ello, se pretende conocer el volumen real de deuda de los ayuntamientos con sus proveedores y obtener el compromiso de un plan de viabilidad que permita a las corporaciones locales en el futuro, ir reintegrando a los proveedores las cantidades que reciban de estos mecanismos.
El diseño del mecanismo, una vez presentada esta modificación legal, lo llevará a cabo la Comisión Delegada de Asuntos económicos. Previsiblemente, se aprobará en las próximas semanas y estará vigente durante 2012.
Las Corporaciones Locales tendrán la obligación de suministrar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con anterioridad al 15 de marzo, el listado de las facturas de las deudas pendientes con sus proveedores. Además, las entidades locales permitirán a los contratistas consultar su inclusión y las cuantías que les afectan, y en el caso de no aparecer, podrán reclamar la expedición de un certificado acreditativo de deuda.
Asimismo, tendrán que remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, antes del 31 de marzo, un plan de ajuste que permita hacer frente en el futuro al pago de esas deudas, al reintegro de las cantidades que van a servir para pagar a los proveedores y aquellas medidas que garanticen su viabilidad económica y financiera.
Las entidades locales podrán financiar las obligaciones de pago abonadas a través de una operación de endeudamiento con el suficiente plazo que asegure la viabilidad de la operación.
Del lado de los proveedores: La condición que debe cumplir el proveedor para tener derecho al cobro de sus facturas es que se trate de obligaciones pendientes de pago generadas por obras, servicios o suministros realizados antes del 1 de enero de 2012 y que, además, se trate de contratos incluidos en el ámbito de lo recogido en la Ley de Contratos del Sector Público.
Los proveedores de entidades locales comenzarán a cobrar las facturas en el mes de mayo. La antigüedad y el descuento serán tenidos en cuenta para la prioridad en el cobro.
Todos aquellos proveedores o contratistas que tengan derecho al cobro podrán voluntariamente hacerlo efectivo mediante su presentación en las principales entidades de crédito del país.
LEY DE MOROSIDAD
Desde FEDA se valora positivamente la medida en tanto que desbloquea una situación crónica de morosidad de las entidades locales con el sector empresarial, sin embargo, entendemos que la medida debería haber sido más flexible y no tanto priorizar el pago a aquellas empresas que acepten descuentos o quitas sobre el importe del principal de la obligación pendiente de pago, ya que hay muchos sectores de actividad que trabajan con márgenes muy ajustados, y ese descuento unido a los costes financieros asumidos por meses e incluso años de retraso, llevarán a una situación de venta a pérdidas por su contratación con la administración pública, situación ésta que afectará al resultado económico de esas empresas.
El hecho de acogerse a este Decreto lleva consigo la extinción, no sólo de la deuda, sino también de intereses, costas judiciales y otros gastos accesorios, por lo tanto, la empresa que lo acepte estará renunciando al cobro de unos intereses a los que la ley de morosidad obliga a asumir a las administraciones públicas.
Asimismo, se está obviando la grave situación de morosidad de las comunidades autónomas con el sector privado, y que en determinados sectores como puede ser el sanitario, la construcción, el transporte o el comercio, está provocando el cierre de numerosas empresas.