«Defendiendo lo público, avanzamos en derechos», así concluye Carmen Campoy, secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de Castilla- La Mancha FSP UGT CLM la propuesta de «10 Medidas urgentes para la mejora de la Administración Pública en Castilla-La Mancha», que ha dirigido a los partidos que formarán las futuras Cortes de Castilla-La Mancha tras las elecciones del 24-M.
En su carta a las formaciones políticas, Campoy les pide «mantener la titularidad pública y la calidad de los servicios públicos, que deben servir como correctores de las desigualdades sociales y como garantía de la universalidad y solidaridad de las prestaciones».
La responsable de FSP UGT CLM recuerda a los partidos que «dirigir los servicios públicos implica una doble responsabilidad por parte de los Gobiernos electos: por un lado, desde la perspectiva del modelo de servicios y prestaciones que recibe la ciudadanía, por otro desde la perspectiva de impulsar un modelo de relaciones laborales con sus empleadas y empleados que sirva de ejemplo y estímulo para el conjunto del país».
Así, Campoy insta «a los partidos políticos que obtengan representación en las Cortes de C-LM tras las elecciones del 24-M a que el Gobierno que nombren adopte una serie de medidas urgentes que frenen el deterioro de los servicios públicos y reviertan la situación, para avanzar en un modelo solidario y eficiente de bienestar social».
Esas medidas que propone la secretaria general de FSP UGT CLM son:
1.- Aumentar el prestigio de los Servicios Públicos de C-LM con una apuesta por la gestión pública, frente a las privatizaciones.
2.- Dotar a los Servicios Públicos de C-LM de suficientes recursos humanos.
3.- Dotar de modo suficiente económicamente a los Servicios Públicos para que sean de calidad.
4.- Recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales.
5.- Evaluar las políticas públicas y la calidad de los Servicios Públicos de la región.
6.- Recuperar la negociación colectiva como instrumento fundamental para la regulación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos de C-LM.
7.- Recuperar el poder adquisitivo de los empleados y empleadas públicas de la región.
8.- Invertir en formación de calidad que mejore la profesionalización de los recursos humanos de los Servicios Públicos de C-LM.
9.- Elaborar planes sobre materias claves para el desarrollo de la actividad profesional en condiciones de seguridad e igualdad: planes de salud laboral y planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
10.- Promover y facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Campoy justifica esas medidas «por la necesidad de apostar por un modelo de gestión pública de los servicios de la Administración regional, que pase por la modernización, la profesionalidad e independencia de su personal, la transparencia como medida contra la corrupción, la sostenibilidad y creación de empleo, además de la negociación colectiva como base de sus relaciones laborales».