La Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla-La Mancha rechaza el Plan de Ordenación de Recursos Humanos que publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y que entra en vigor dentro de 15 días porque supone el traslado forzoso de profesionales y una nueva amortización de plazas.
Tras múltiples «mesas de negociación» donde la Administración no ha considerado oportuno incluir las aportaciones hechas por las organizaciones sindicales al respecto, la FSP UGT CLM considera «razón suficiente para oponerse a dicho Plan, la amortización de plazas que lleva implícita y la inclusión de procesos de Movilidad Forzosa en los profesionales del Sescam», como ha señalado la secretaria general, Carmen Campoy.
Desde FSP-UGT «consideramos que no ha existido una intención real por parte de la Administración Regional de negociar el Plan de Ordenación, ni se han dado las condiciones necesarias para poder negociar en igualdad», aclara la secretaria general.
Otra cuestión, por la que no podemos estar de acuerdo con la movilidad por razón de servicio o movilidad forzosa, es porque «va a suponer que profesionales del sistema público sean enviados a trabajar a Gerencias, que van a pasar a ser de gestión privada, inminentemente», subraya Carmen Campoy.
«Además –remarca la responsable de FSP UGT CLM- de que la Administración ha unido este Plan a las medidas que contempla el Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos, que hasta ahora ha supuesto el cese de profesionales y el cierre de unidades, estando a la espera actualmente de nuevas medidas en la misma línea y de la concreción del Plan Integral sobre la sanidad rural, al haber derogado la Orden de cierre de Puntos de Atención Continuada, recientemente anunciado por el consejero de Echániz».
Desde FSP UGT CLM «no podemos admitir las medidas que se están tomando, ya que en todo momento nuestra principal labor es la defensa de los profesionales, y por ello mostramos nuestra disconformidad con las consecuencias que la entrada en vigor de dicho Plan va a suponer, toda vez que entendemos que va a suponer una merma en los derechos de los profesionales», concluye la secretaria general.