El presidente de la Empresa Gestión De Infraestructuras De Castilla-La Mancha (Gicaman), Javier Barrado, ha afirmado que desde que tomó posesión actual el Gobierno regional, en julio de 2015, se han ahorrado 38 de los 70 millones en sentencias por rescindir contratos de forma unilateral en el pasado mandato.

Barrado, que hoy ha comparecido en la Comisión de Fomento de las Cortes, ha subrayado el «gran número» de sentencias contra Gicaman que se encontró el actual Ejecutivo «debido al elevado número de contratos que se rescindieron de manera unilateral por el anterior Gobierno», según ha informado la Administración regional en un comunicado.

[ze_summary text=»Han llegado a acuerdos transaccionales con empresas que han supuesto un ahorro de 38 millones de euros (sobre un importe de 70)»]Han llegado a acuerdos transaccionales con empresas que han supuesto un ahorro de 38 millones de euros (sobre un importe de 70)[/ze_summary] 

Este hecho, ha señalado Barrado, dio lugar a un «número elevado» de procedimiento judiciales con «alta probabilidad y evidente» de que las sentencias fueran desfavorables para Gicaman, por importe de más de 70 millones de euros, si bien ha valorado que se han llegado a acuerdos transaccionales con empresas que han supuesto un ahorro de 38 millones de euros.

Gicaman estaba en previsión de cierre

Barrado ha explicado que cuando el actual Ejecutivo regional tomó posesión, Gicaman estaba en «previsión de cierre y con unos presupuestos que situaban a la empresa en prácticamente su disolución», ante lo cual, «el nuevo equipo directivo dio cumplimiento de los objetivos del actual Gobierno, saneó las cuentas y posicionó a esta útil herramienta del sector público en el lugar que venía ocupando desde 1997″.

[ze_summary text=»La actual dirección apreció una actividad paralizada y prácticamente sin pulso después de los cuatro años de gestión del anterior Gobierno»]La actual dirección apreció una actividad paralizada y prácticamente sin pulso después de los cuatro años de gestión del anterior Gobierno[/ze_summary] 

Además, ha recordado que la actual dirección de Gicaman apreció «una actividad paralizada y prácticamente sin pulso después de los cuatro años de gestión del anterior Gobierno«, con «convenios eliminados, encomiendas eliminadas, promociones que estaban totalmente terminadas y disponibles para ser adjudicadas estaban con las puertas cerradas, y promociones que se quedaron en 2011 a un 80 o 90 % de su ejecución, estaban sin terminar y vandalizadas«.

De esta forma, el director general de la Consejería de Fomento ha afirmado que «el objetivo en estos más de dos años ha sido recuperar esa actividad de la empresa, cuya principal finalidad es la creación y mantenimiento de infraestructuras que sean útiles para los castellanomanchegos».

Ha informado de que esta empresa pública gestiona 2.257 viviendas de un total de 95 promociones públicas repartidas en los 919 municipios de la región.

Además, ha detallado que en esta legislatura se han entregado 278 viviendas y se han recuperado promociones como las de Tarancón o Alberca de Záncara.

[ze_summary text=»Gicaman no ha realizado ni ejecutado ningún lanzamiento»]Gicaman no ha realizado ni ejecutado ningún lanzamiento[/ze_summary] 

Por otro lado, Barrado ha resaltado que «Gicaman no ha realizado ni ejecutado ningún lanzamiento«, y ha recordado la creación de las Oficinas de Intervención Hipotecaria (OIH), en las que se ha atendido a más de 2.000 personas y se han conseguido frenar, hasta la fecha, 52 lanzamientos.

Barrado ha informado de que el presupuesto actual de Gicaman ronda los 44 millones de euros y cuenta con una plantilla de 32 personas.

[ze_summary text=»PP: n el primer semestre se han producido en la región 1.415 desahucios, un 15 por 100 más de desalojos forzosos que en 2016″]PP: n el primer semestre se han producido en la región 1.415 desahucios, un 15 por 100 más de desalojos forzosos que en 2016[/ze_summary] 

En cambio, el portavoz adjunto del PP de las Cortes, Francisco Núñez, ha denunciado que en el primer semestre se han producido en la región 1.415 desahucios, que son un 15 por ciento más de desalojos forzosos que en el año 2016, y un ritmo de crecimiento de 12 puntos por encima de la media nacional, según el informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial.

Unos datos que el parlamentario popular ha calificado de «alarmantes», al tiempo que ha preguntado si el Gobierno regional tiene previsto retomar la política de vivienda de iniciativa público-privada «para que a los constructores se les garantice el cobro de esas viviendas» y «si se van a pagar grandes cantidades de dinero a las que ya construyeron en la época socialista y que no se lograron vender».

«580 millones sin pagar»

Por otra parte, Francisco Núñez ha asegurado que el Gobierno socialista en la anterior legislatura dejó 580 millones de euros sin pagar a empresas públicas de la región, y fue el Ejecutivo del PP el que tuvo que hacer frente a esa deuda.

[ze_summary text=»PSOE: El Gobierno ha recuperado Gicaman»]PSOE: El Gobierno ha recuperado Gicaman[/ze_summary] 

En cambio, la diputada del PSOE en las Cortes Rosario García ha reivindicado que el actual Gobierno regional «ha recuperado Gicaman», una empresa pública que «fue fundamental para el desarrollo de importantes infraestructuras» en Castilla-La Mancha «antes de la llegada» del PP al Gobierno regional «y que debe seguir sirviendo para el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha».

García ha recordado que, gracias a Gicaman, antes de la llegada al ejecutivo regional del PP, se construyeron 1.800 kilómetros de carretera, el hospital de Almansa y numerosas viviendas sociales.