El próximo 6 de marzo tendrá lugar en el juzgado número 7 de Toledo el juicio por la demanda civil presentada por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, contra la organización ecologista Greenpeace por vulneración del derecho al honor, a la que, según dicha organización, reclama 30.000 euros.
El juicio se ha fijado tras la vista previa celebrada hoy lunes en Toledo, a la que han acudido los letrados de ambas partes, sin que se haya producido acuerdo alguno, ya que Greenpeace lo que reivindica es el derecho a la información, ha dicho el abogado de esta organización, José Manuel Marraco.
Marraco ha vuelto a expresar la sorpresa de Greenpeace por el hecho de que a la cita de hoy hayan acudido dos letradas del Servicio Jurídico de la Junta de Comunidades, cuando quien demanda es la presidenta y no el Gobierno regional.
El pasado mes de enero, el Gobierno regional anunció una demanda contra Greenpeace por vulneración del derecho al honor de la presidenta de Castilla-La Mancha por las informaciones publicadas referidas al informe de la organización ecologista titulado ‘Amnistía de la Destrucción’ sobre la reforma de la Ley de Costas.
En este informe Greenpeace aludía a las supuestas conexiones entre el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, y los intereses inmobiliarios de diversas empresas constructoras.
El Gobierno regional explicó en su día que la implicación y participación de Cospedal en la supuesta red de intereses inmobiliarios es «absolutamente falso», pues, la presidenta de una comunidad autónoma que carece de costa «no puede tener interés alguno en el desarrollo normativo de una ley que se refiere al litoral español».
Por su parte, Greenpeace sostiene que «en ningún momento» se señala a Cospedal como beneficiaria de la reforma de la Ley de Costas, sino, que se la mencionaba simplemente por estar casada con López de Hierro, quien fue consejero en una empresa inmobiliaria, Bami NewCo, junto con el actual Ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.