El Juzgado de Guadalajara acordó el pasado 21 de febrero la celebración a puerta cerrada del juicio que enfrenta a 8 activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a penas de entre 1 y 3 años y medio de prisión, por la protesta que el 5 de diciembre de 2017 realizaron en la sucursal de CaixaBank de Cabanillas del Campo.
Los implicados reclamaban el aplazamiento de un desahucio de una familia de la localidad previsto pocas semanas después, algo que, según manifiesta Amnistía Internacional, fue de «naturaleza totalmente pacífica» pese de la acción de desobediencia civil realizada.
Las #8deCaixabank nos declaramos en rebeldía.
No vamos a estar en un juicio sin garantías, a puerta cerrada y a espaldas de la sociedad, y cuyo objetivo ha sido sepultar el derecho a la protesta.
El 5 de abril nos han citado a juicio. Tendrán que venir a buscarnos. #YoNoVoy pic.twitter.com/6m8vjxOQnS
— Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG) (@AntirepresivaGu) March 13, 2023
El juicio inicial se pospuso por una huelga, pero se mantiene a puerta cerrada
El juzgado, en el juicio que se iba a celebrar inicialmente el pasado 30 de noviembre, impidió el acceso a la Sala de Vistas de los observadores de la ONG, así como del público interesado en acudir al juicio, en un acto insólito precisamente por el interés suscitado.
No obstante, la vista se suspendió por la huelga que mantienen hasta el día de hoy los Letrados de la Administración de Justicia. Sin embargo, la providencia firmada por la magistrada titular ha acordado, esta vez por escrito, que el juicio que se ha señalado para el 5 de abril sea vedado al público, incluyendo a los observadores independientes.
La defensa de las personas imputadas ha recurrido la decisión, recurso que probablemente sea resuelto por la Audiencia Provincial de Guadalajara, y donde el juzgado, sin esperar dicha resolución, ha ordenado celebrarlo igualmente.
💥COMENZAMOS💥
El 5 de diciembre de 2017, 8 activistas fueron detenidos por ocupar una sucursal de Caixabank en Cabanillas del Campo #Guadalajara
Se enfrentan a varios años de prisión por defender el derecho a una vivienda digna#8deCaixabank@JuanDiegoBotto @olgarodriguezfr pic.twitter.com/25huVLKVcy
— Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG) (@AntirepresivaGu) October 18, 2022
La jueza de «las piernas bien cerradas»
Según la defensa de los activistas, el derecho a un juicio público es un derecho «de alcance constitucional y una garantía de las personas acusadas que solo puede prescindirse de él de manera muy excepcional y justificada». Según la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG), esta decisión revela que no va a haber un juicio justo.
«¿Por qué esa falta de transparencia?, ¿qué miedo tiene la jueza a cargo de este proceso de que sus decisiones o interrogatorios sean observados por el público?, ¿por qué ese derecho se cercena sin justificación?. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha levantado todas las restricciones de acceso a sedes judiciales, ¿qué quiere esconder la jueza?», se preguntan.
María del Carmen Molina Mansilla, jueza titular del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Guadalajara, llegó a la ciudad tras su paso por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vitoria, separada «por la puerta trasera» tras practicar un durísimo y violento interrogatorio a una víctima de violación, a quien llegó a preguntar, entre otras cosas, «si había cerrado los órganos femeninos» durante la agresión.
Según la Asociación Clara Campoamor, que por estos hechos interpuso una denuncia contra la magistrada ante el Consejo General del Poder Judicial, órgano que evitó pronunciarse, refiere que el comportamiento autoritario y abusivo de esta jueza es habitual y conocido.
La imposibilidad de celebrar el juicio lleva a la detención de los activistas
Desde la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara han anunciado que no pueden asumir someterse a un juicio sin garantías.
«Un juicio en el que no se respetan las garantías básicas de quien es sentado en el banquillo, es una condena segura», por lo que no van a asistir a una vista «donde se pretende impedir que un proceso, que será analizado como caso testigo en materia de derechos humanos en instancias internacionales, se realice sin que la sociedad en su conjunto pueda evaluar si fueron respetados los derechos de todas las partes. Un juicio que comienza cercenando garantías no podemos convalidarlo con nuestra participación».
La ley de enjuiciamiento criminal permite celebrar el juicio en ausencia de los acusados, siempre y cuando las penas solicitadas no excedan de los 2 años de prisión, pero al formular CaixaBank acusaciones superiores, es obligatoria su intervención en el juicio, lo que aboca a que las personas imputadas sean puestas en búsqueda y captura al no presentarse voluntariamente.
La Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara ha anunciado que las #8deCaixabank no se presentarán a juicio en estas condiciones: «Nos tendrán que llevar por la fuerza, y con toda la sociedad de Guadalajara como testigo».