La Asociación Española contra las Terapias de Conversión ha denunciado a la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara y a otras seis instituciones eclesiásticas junto a Media Salud Comunicación S.L. y a la Fundación Nueva Evangelización para el siglo XXI como personas jurídicas, así como a nueve personas físicas por promover terapias de conversión a través de la realización de un proyecto dirigido a personas homosexuales o bisexuales cristianas, a las que se incitaba a la castidad y al rezo diario para modificar su orientación sexual.
Entre esos denunciados se encuentra la Diócesis de Getafe, la Archidiócesis de Madrid, la Diócesis de Alcalá de Henares, el Arzobispado de Barcelona, la Archidiócesis de Valencia y el Obispado Málaga.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso encastillalamancha.es, la asociación ha solicitado a la Dirección General de Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad el inicio de un expediente sancionador al amparo de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI -conocida como Ley Trans– contra los denunciados por la comisión activa o la comisión por omisión de las siguientes infracciones administrativas muy graves, tipificadas en el artículo 79.4.d) y .f) de la legislación.
Entienden acreditada la comisión de la infracción tras la celebración de 13 eventos en total divididos en cinco comunidades autónomas.
El objetivo, que las personas «vuelvan a sus orígenes biológicos»
En declaraciones a encastillalamancha.es, el presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, Saúl Castro, ha explicado que la denuncia se ha interpuesto a raíz de una investigación de dos años de la propia asociación con la que han probado la realización del proyecto ‘Transformados’.
Este «se define como un apostolado dirigido a aquellas personas con tendencia o atracción hacia el mismo sexo que pueden, por medio de un camino de conversión o de cambio de vida, volver de vuelta a sus orígenes biológicos, es decir, a ser heterosexuales«, ha detallado la denuncia.
Castro ha contado que, bajo esta premisa, el Monasterio de Santa María de Buenafuente del Sistal en Guadalajara acogió el día 26 de junio del año 2023 el proyecto.
El sacerdote titular de la parroquia, capellán y responsable de los eventos que se llevan a cabo en las instalaciones de este monasterio es Ángel Moreno Sancho, ha detallado la denuncia.
Este proyecto «se centra en presentar información falsa y una hoja de ruta dirigida a las personas homosexuales o bisexuales cristianas» para que «mediante la castidad absoluta durante toda la vida, un encuentro con Cristo y la realización de práctica religiosa diaria, estas personas puedan ‘sanar las heridas emocionales generadoras de la homosexualidad’ para bien formar una familia heterosexual y dejar atrás su orientación sexual hacia personas de su mismo género; bien vivir su sexualidad homosexual desde la plena castidad y abstinencia«, ha trasladado la asociación.
Además, ‘Transformados’, ha realizado estas acciones «a través de internet, donde difunde materiales y expone testimonios de hombres ‘transformados’, de ‘ex homosexuales‘, que predican que han dejado de vivir su homosexualidad y bien han formado una familia heterosexual o se han vuelto plenamente castos».
Las terapias no están criminalizadas en España
Saúl Castro ha explicado que no se trata de un expediente penal sino sancionador porque las terapias de conversión no están criminalizadas en España, por lo que las personas jurídicas y físicas denunciadas se podrían enfrentar a unas multas de entre 10.001 euros y 150.000 euros, según prevé la Ley 4/2023 en su artículo 80.
Según esta legislación, podrá imponerse alguna o algunas de las siguientes sanciones o medidas accesorias: La denegación, supresión, cancelación o suspensión, total o parcial de subvenciones a los denunciados; la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública por un período de hasta tres años; la prohibición de contratar con la Administración sus organismos autónomos o entes públicos por un período de hasta tres años; el cierre del establecimiento en que se haya producido la discriminación por un término máximo de tres años cuando la persona infractora sea la responsable del establecimiento; y el cese en la actividad económica o profesional desarrollada por la persona infractora por un término máximo de tres años.
El presidente ha indicado que «no hay un plazo concreto» para que el titular de la Dirección General de Derechos LGTBI, Julio del Valle, emita una resolución acerca de la denuncia, que puede derivar en su admisión y anuncio de la apertura del expediente sancionador o en su archivación.
Entre las funciones y finalidades de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión se encuentra la de “la denuncia y litigación activa contra cualquier promotor, proveedor, realizador, difusor o cualquier individuo involucrado activa u omisivamente en la práctica de las terapias de conversión ante las autoridades legalmente competentes».