La Diputación de Guadalajara ha exigido a la Junta de Comunidades que cumpla el convenio firmado para llevar a cabo el Plan de Empleo y, para ello, ha solicitado una reunión de la Comisión Mixta de Coordinación y seguimiento del Plan Extraordinario de Empleo para 2017. El presidente de la institución, José Manuel Latre, ha dicho que la reunión tiene que ver «con los cambios introducidos en el convenio de forma unilateral por el Gobierno regional, la aportación de los ayuntamientos de la provincia a dicho plan y la difusión y publicidad del Plan».
En concreto, Latre ha pedido a la Junta que «cumpla con el convenio firmado y que, al igual que se hizo el año pasado, la aportación que se hace entre la Junta y la Diputación cubran el coste del salario mínimo interprofesional (SMI) para que los ayuntamientos solo tengan que pagar la cuota de la seguridad social».
Por su parte, el diputado de Promoción Social y miembro de la Comisión Mixta de Seguimiento del Plan de Empleo, Juan Pedro Sánchez, ha explicado que la principal novedad de esta segunda convocatoria del Plan es el aumento de la cuantía de las ayudas por contrato, debido a la subida del 8 % para este año del SMI.
En este sentido, Sánchez ha mostrado una carta de la consejera de Empleo, Patricia Franco, remitida a los alcaldes el pasado mes de enero, en la que informaba del aumento de la ayuda por contrato.
Una vez conocida la misma, ha explicado, «debíamos optar entre aumentar la cantidad aportada por la Junta, llegar a menos beneficiarios o exigir un mayor esfuerzo en la parte proporcional que deben asumir los ayuntamientos».
«No podemos pedir más esfuerzo económico a las entidades»
Desde el Gobierno provincial «hemos apostado por la primera opción en la convicción de que no podemos demandar más esfuerzo económico a las entidades locales para poder llegar al objetivo de proporcionar un empleo a 12.000 personas», ha confirmado.
Sánchez ha anunciado que la Junta «ha dado marcha atrás» y ahora pretende que ese incremento del 8 % recaiga en parte sobre los pueblos, una rebaja que «podría suponer que algún ayuntamiento renunciase a participar en estos planes por falta de presupuesto».
Otro de los motivos que han llevado a la Diputación a pedir la convocatoria de la Comisión Mixta de Seguimiento «es la actitud del Gobierno regional de obviar, de manera continua, la participación de las Diputaciones provinciales en las comunicaciones oficiales a los ayuntamientos, así como en numerosas comparecencias públicas», ha concluido.