El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Aurelio San Emeterio, y su compañera de formación política Carmen María Duarte han explicado las alegaciones que IU ha presentado ante la Diputación de Toledo contra el expediente para la extinción del Servicio de Centro de Día Psicogeriatrico para personas con demencia y enfermos de Alzheimer ubicado en la Residencia Social Asistida San José.
San Emeterio ha dicho que «la reducción de servicios y plantilla y el cierre de las listas desde 2012, aun habiendo demanda, sólo se puede explicar con una estrategia planificada de cerrar una residencia necesaria y útil para los toledanos».
Según informa IU en nota de prensa, San Emeterio ha ironizado aludiendo al argumento de «competencias impropias» del que habla la Diputación afirmando que «las competencias propias para el presidente de la institución provincial deben ser sus últimas dos ocurrencias: destinar 60.000 euros al proyecto ‘Flor de Primavera’ para los ayuntamientos de la provincia o una campaña para el fomento del arte taurino dando clases de toreo por toda la provincia con dinero público. Esta es la idea del PP de servicio público: dejamos fuera a los mayores y pagamos clases particulares de toreo».
«Los toledanos tienen al enemigo en casa; una vez más un concejal, Arturo García-Tizón, y un grupo municipal, el del PP, van a ir en contra de Toledo sólo por agradar a sus jefes y hacer seguidismo de las nefastas políticas de Cospedal«, ha declarado San Emeterio.
Por su parte, Carmen María Duarte ha afirmado que Izquierda Unida «se ha hecho eco de las alegaciones presentadas por los familiares de los residentes ante el temor de que se les deje a un lado y no se les permita opinar sobre el futuro de sus mayores y los cuidados que necesitan».
Duarte ha declarado que «García-Tizón se empeña en retorcer las leyes para buscar un argumento que les permita cerrar un servicio que funciona, que tiene demanda y que es imprescindible», y explicaba que sus alegaciones «pretenden desactivar el falso argumento de que el centro de Alzheimer es una competencia impropia de la Diputación. «Las razones que aluden no se ajustan a la ley y contravienen el artículo 141 de la propia Constitución, que prevé la gestión por parte de las diputaciones de los intereses propios de la provincia, que en este caso se pone de manifiesto en la prestación de servicios públicos de carácter municipal, entre los que ocupan un lugar muy significativo los servicios sociales».
«Otra cosa, seguía Duarte, es que por razones completamente ajenas al interés público, tanto general como particular de los usuarios y de sus familiares, la Diputación haya decidido dejar de prestar este servicio; eso tiene más que ver con su estrategia de vender a bajo precio los servicios públicos con la excusa de la crisis».