El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Toledo, Aurelio San Emeterio, ha explicado que en el pasado Pleno municipal se comprometió a hacer llegar a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, el decreto de vivienda de Andalucía; «nos vemos obligados a ello ante la inacción demostrada por el Ejecutivo, incapaz de adoptar medidas de salvaguarda del derecho a la vivienda y a su negativa a modificar la legislación hipotecaria que ha generado en buena parte este problema». Por eso, «se lo enviamos a la calle Génova y al Palacio de Fuensalida; con un poco de suerte entre viaje y viaje a Madrid encuentra tiempo para leerlo», ha declarado.
San Emeterio ha explicado que le remite una carta en la que «me permito sugerirle que lo estudie, que siga los ejemplos de las comunidades de Canarias y Cataluña para implantarlos y que afronte de una vez por todas el serio problema social que suponen los desahucios en nuestra comunidad como consecuencia de una legislación que prioriza beneficios y ladrillo sobre ciudadanos».
Según su portavoz, Izquierda Unida tiene muy claro que «la vivienda debe cumplir una función social y no una función especulativa que convierta a los ciudadanos en moneda de cambio». San Emeterio ha valorado de nuevo de forma muy positiva que Izquierda Unida Andalucía haya impulsado un Decreto-Ley en Defensa de la Función Social de la vivienda, un decreto que para el concejal «consagra la vivienda como derecho protegido y no como mera mercancía, da respuesta contundente a una situación de evidente emergencia social y económica y supone un ejercicio de defensa del interés general frente a los intereses particulares de la banca y las grandes empresas».
«Y mientras Izquierda Unida ofrece soluciones, ¿qué hace el PP en Castilla- La Mancha y Toledo? Ha recordado que el Decreto 8/2013 de Medidas para el Fomento del Acceso a la Vivienda Protegida en CLM «es totalmente insuficiente y no aporta nada. Por poner un ejemplo, en la provincia de Toledo la Junta de Comunidades posee 243 viviendas, y de éstas sólo 24 serían para atender a desahuciados. Estamos hablando de una provincia y una capital de la región donde sólo en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Toledo se está ayudando a unas 80 familias».
Aurelio San Emeterio ha recordado que «en toda Castilla-La Mancha hay unas 5.000 familias afectadas por procesos de desahucio, y hasta el momento no existe ningún proceso establecido para que en casos de emergencia se pueda reaccionar rápido. En el mejor de los casos, y si puedes acceder a una de las pocas viviendas que se van a poner a disposición de los afectados, se va a tardar seis meses en la adjudicación de la nueva vivienda a consecuencia de los trámites, así que de emergencia nada».
Y añadía que «los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2013 prevén dedicar 22 millones de euros a la compra de viviendas de iniciativa público-privada (VIPP) a sus promotores, que se suman a los 13 millones utilizados para este mismo fin en 2012. En cambio dedicarán sólo tres millones de euros a ayudas al alquiler para las familias. Llama mucho la atención los recursos que se dedican a las familias en situaciones críticas y los que se dedican a algunos promotores inmobiliarios».