La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella interpuesta por la comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos de San Clemente (Cuenca) en la que denuncian a organismos públicos, entre ellos la Junta de Castilla-La Mancha, por un posible fraude y «malversación» sobre la gestión del agua. La comunidad afirma que hay 1.200 millones de euros de fondos europeos puestos en cuestión.
En concreto, la asociación, que es una entidad de derecho público, denuncia la connivencia de las instituciones públicas, también las europeas, por la posible «malversación» en la gestión de los fondos europeos para gestionar las masas de agua subterráneas del Alto Guadiana.
«Elaboración de informes ‘ad hoc'»
Desde la asociación, dicen que tanto la Confederación Hidrográfica del Guadiana como la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente han elaborado informes ‘ad hoc’ para conseguir fondos europeos a través de una gestión irregular.
Además, afirman que los responsables políticos de la Junta de Castilla-La Mancha han actuado «en connivencia» en pos de «perseguir supuestos objetivos medioambientales».
«Irregularidades en la tubería Manchega y en el Tajo-Segura»
La comunidad de San Clemente afirma que el «fraude dataría, al menos, desde los últimos quince años» y cifran la cantidad den 82 millones de euros, que son los aprobados por el BOE para la «compra de derechos del agua en el Alto Guadiana».
Apuntan también que hay «posibles irregularidades fraudulentas» en el Plan Especial del Alto Guadiana y en el proyecto de la Tubería Manchega. Cifran en 400 millones de euros el «fraude» en el ramal de Abastecimiento a los Núcleos inmediatos del Acueducto Tajo-Segura.
DECLARACIÓN DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
«Los hechos denunciados podrían dar lugar a delitos de Prevaricación, Falsedad en documento Público, Malversación de caudales públicos, Fraude a la Administración, Fraude a la Hacienda Comunitaria Europea y a la Hacienda Pública española, así como, desobediencia a la Autoridad Judicial y a las Resoluciones judiciales firmes, que son competencia de esta Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, por lo que ACUERDA la asunción de competencia para la intervención de (en) las Diligencias Previas».