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13/12/2013junio 9th, 2017

«Una nueva filosofía», así pretende justificar María Dolores de Cospedal su reforma del sistema electoral en Castilla – La Mancha, haciendo pasar a un segundo plano el argumento económico que hasta ahora había venido defendiendo.

Era muy difícil seguir manteniendo este último argumento después de haber incrementado hace un año hasta 53 el número de parlamentario o eliminado el sueldo de estos. Por tanto, no es un problema económico, tampoco de ley electoral. Esto ocurre en una España de crisis y en ese contexto hasta Cospedal pudiera haber sido creíble, si lo hubiese hecho a la inversa, pero la hoy Presidenta de Castilla – La Mancha y Secretaria General del Partido Popular ha dilapidado cualquier crédito democrático, por su forma de tratar a los periodistas, de manipular burdamente la Televisión y la radio públicas u obviar su más que obligada comparecencia parlamentaria ante un tema tan escandaloso como el «caso Bárcenas»…


La democracia exige transparencia, exige claridad y un comportamiento ético intachable; un respeto pulcro a los derechos de las minorías y, sobre todo, una enorme consideración a la ciudadanía, y al derecho que tienen a ser electores y elegibles, en las mismas condiciones que cualquiera otro ciudadano que vive en España. No es un problema del número de parlamentarios, porque veinticinco o treinta y cinco diputados pueden atender a un modelo representativo o a uno no representativo. Me explico.

Normalmente las leyes electorales tienen un modelo de corrección que impide que accedan al parlamento aquellas fuerzas políticas que no obtengan un mínimo de votos – en Castilla – La Mancha un 3% – pero ninguna ley, como la que pretende el PP, impone una realidad de facto que anula el derecho de representatividad a un buen número de ciudadanos, ya que hay provincias que exigirían en la práctica un mínimo de un 19% para obtener diputado, que se elevaría en la medida en que se reduzcan su número en cada circunscripción.

Es obvio el deliberado propósito del PP de Castilla – La Mancha de intentar no perder el Gobierno Regional. Por poner un ejemplo: con sacar tan solo el 39 % y tan solo un voto más que el principal partido de la oposición en dos de las provincias con un número de parlamentarios impares, podría obtener la mayoría absoluta en las Cortes de Castilla – La Mancha, mientras que paradójicamente IU y UPyD, sumando entre ambas entre un 20 ó un 25 % podrían quedar con escasa o nula representación, lo que evitaría que determinasen el Gobierno de la región.

Lo torticero no está en reducir el número de diputados, lo torticero y lo tramposo está en reducir sensiblemente el número de parlamentarios y dividirlo por cinco. A efectos de representatividad es igual que en Castilla – La Mancha haya 25, 35 o 53 diputados – otra cosa es si es posible su eficaz funcionamiento -. Los argumentos filosóficos o económicos de reducir el número de diputados solo cobrarían valor si se hiciese una circunscripción única que garantizase la representatividad de todos los partidos.

De lo contrario no solo quedará clara la intención aviesa de esta reforma electoral, sino que Cospedal estaría poniendo en cuestión el propio modelo autonómico en Castilla – La Mancha. Si la modificación estatutaria propuesta se mantiene en lo esencial durante su tramitación en las Cortes Generales habrán anulado el modelo representativo y ninguneado la democracia en una sorprendente y surrealista pirueta política.

Para ilustrar mis argumentos caben los siguientes cuadros como ejemplo, que no necesariamente han de corresponderse con la propuesta final que haga el Gobierno Regional – aunque sí pueda aproximarse a ella -, y que ya analizaremos cuando esta se haga. Mi hipótesis tiene en cuenta: 1º que aumente sensiblemente el número de votos de los partidos pequeños tal y como vienen señalando las encuestas. 2º Que las opción de reparto de escaños sea lo más cercana a 25 – el 27 no es casual, no solo porque lo apuntase el portavoz popular en el Congreso de los Diputados, sino porque a circunscripciones más pequeñas menos posibilidades tienen los partidos minoritarios de sacar escaño y entrar en el Parlamento – 3º. Es muy probable también que existan tres provincias con número de diputados impares, las más proclives al partido A, mientras que las pares sean las que le son más adversas.

Los cuadros adjuntos evidencias como con unas Cortes, p.ej. de 27 escaños, el Partido A podría sacar mayoría absoluta, incluso empatando a nivel Regional con el principal partido de la oposición, mientras que si los escaños fuesen 53 – los que fija la actual Ley – con el mismo número de votos, el Partido A, podría obtener también mayor número de escaños que el B, pero jamás la mayoría absoluta.

Ambos ejemplos ilustran, provincia por provincia, como se intenta gestar un pucherazo. Con una agresiva vulneración de los Artículos 23 de la Constitución Española y 10.2 del Estatuto de Autonomía, ya que el sistema pervertiría de forma descarada tanto los derechos del elector como los del elegible, ya que un porcentaje elevadísimo de ciudadanos quedarían sin derecho a representación política, algo que no ocurre en ninguna parte del mundo.

No obstante todo ello, no hay sistema electoral que contribuya decididamente a cumplir la voluntad de quien pretende pervertirlo, en lo que en ciencia política se llama GERRYMANDERING. Las coyunturas que hacen posible una victoria pueden cambiar de tal manera que el día de las elecciones todo acabe dándose la vuelta, y el tramposo perezca bajo su propia trampa. … Y de eso también hay experiencias».

Fernando Mora Rodríguez. Politólogo y Diputado Regional en Castilla-La Mancha.

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