La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha llevado a la Fiscalía General del Estado la «actitud entorpecedora» de 20 entidades, de las que 19 son ayuntamientos y entre los que se encuentran los toledanos de Noblejas y Talavera.
Becerril ha llevado al fiscal estos casos después de que la institución les haya enviado hasta tres requerimientos que no han tenido respuesta.
«Detrás de cada queja hay una persona que tiene derechos y que debe obtener una respuesta», ha subrayado Becerril en una nota de prensa, en la que recuerda que todas las administraciones tienen la obligación de responder y colaborar con la Institución y remitirle la información solicitada.
Sin embargo, no lo han hecho los consistorios de Tarifa y Vejer de la Frontera (Cádiz); Mojácar (Almería); Barbastro (Huesca); Cudillero, Gozón y Salas (Asturias); La Hermigua (Santa Cruz de Tenerife); Carboneras de Guadazaón (Cuenca); Matallana de Torío (León) y Reus (Tarragona).
También están Arganda del Rey y Colmenar de Oreja (Madrid); Gilet (Valencia); Zalamea de la Serena (Badajoz); Gondomar (Pontevedra) y Porto do Son (A Coruña) además de Talavera y Noblejas.
Además de los ayuntamientos, cuya falta de respuesta acumula en algunos casos más de 500 días, el Defensor del Pueblo ha trasladado a la Fiscalía la falta de colaboración del Colegio de Abogados de Guipúzcoa.
El Defensor del Pueblo considera «administración entorpecedora» a aquella que no responde tras haberle enviado requerimientos en tres ocasiones y, en el caso de que no colaboren, la ley orgánica que regula la institución le otorga la potestad de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal.