La Diputación de Toledo quiere dejar claro que «ha facilitado al Grupo Popular la información que ha solicitado sobre contrataciones, así como ha respondido a los escritos que al respecto ha registrado en la institución provincial», informa esta en un comunicado.
La nota añade que «en ningún momento se ha obstaculizado ni se ha negado al Partido Popular la documentación que ha requerido sobre contrataciones o sobre cualquier otra cuestión y, por ello, criticamos las acusaciones falsas que al respecto han vertido hoy los diputados populares Emilio Bravo y Arturo García-Tizón». Como muestra de ello, el gobierno provincial aporta un documento (adjunto, en formato doc), en el que demuestra que accedió a las peticiones de documentación del PP a través de su presidente, Emilio Bravo.
Según la explicación dada hoy por el equipo de gobierrno de la Diputación, «el Grupo Popular solicitó el 17 de noviembre de 2015 información sobre decretos y contratos concretos realizados durante los meses de julio, agosto y septiembre, solicitud que fue respondida con un Decreto en el que se les notificaba que dicha información estaba disponible en el Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Toledo en la página web.diputoledo.es».
«Una notificación que recibió el Partido Popular el 27 de noviembre de 2015, tal y como figura en el recibí firmado por este Grupo», precisan.
«A las peticiones de información sobre contrataciones que el PP solicitó el 9 y 17 de diciembre de 2015, se contestó con un Decreto con esa misma fecha 17 de diciembre en el que se les pedía concretar los decretos y contratos solicitados, puesto que la solicitud se refería de forma genérica a los meses de octubre y noviembre», añaden.
«SE DICTAMINÓ EL ACCESO A LOS DECRETOS»
En respuesta a este requerimiento de la Diputación de Toledo, «el PP solicitó el 27 de enero de 2016 información sobre decretos concretos, decretándose el acceso a los mismos con fecha 3 de febrero de 2016 (de lo que da constancia el documento).
«Por tanto, no es cierto que no se haya facilitado información y que no se haya contestado a las solicitudes de documentación registradas en la Diputación de Toledo», asegura el gobierno de la institución provincial.
«Y, en cualquier caso, si en algún momento se hubiera superado el plazo de cinco días de contestación por parte de la Institución provincial produciéndose el llamado silencio administrativo, el Partido Popular podría haber exigido el acceso a esa documentación y, sin embargo, no lo ha hecho», insisten.
Para el gobierno provincial, «la decisión del Grupo Popular de acudir a los tribunales, con esa actitud a la que nos tiene acostumbrados de judicializar la vida política, lo que demuestra es que no tiene el más mínimo interés en conocer las contrataciones que se han hecho sino que sólo buscan sembrar dudas sobre la gestión del actual Equipo de Gobierno provincial».
«Un Gobierno que lo que está haciendo, de forma transparente y accesible, es regularizar todos los procesos relacionados con el empleo en la Diputación de Toledo y acabar con el sectarismo y el enchufismo que sí caracterizó, lamentablemente, la gestión del PP y Arturo García-Tizón en los cuatro años que estuvieron al frente de la institución», concluyen.