La Empresa Municipal de Urbanismo Suelo y Vivienda (Emusvi) de Ciudad Real iniciará una investigación interna para tratar de determinar «en qué se han gastado» los anteriores gestores de la empresa cerca de 7.000 euros en facturas que están sin justificar.
Así lo ha anunciado hoy el presidente de la Emusvi, Jorge Fernández, en rueda de prensa en la que ha dado a conocer los principales acuerdos que ayer adoptó el consejo de administración, entre los que destaca el inicio de esta investigación, que se iniciará pidiendo a los antiguos responsables de la Emusvi que justifiquen los gastos no acreditados.
Fernández ha asegurado que, si en un tiempo prudente, no se justifican estos gastos, el consejo de administración tomará la determinación de poner el caso en manos de los servicios jurídicos de la empresa para iniciar otro tipo de actuaciones.
El también concejal del grupo municipal Ganemos ha aprovechado la comparecencia para anunciar que el consejo de administración ha decidido poner en manos de la Fiscalía el caso del conocido como «Edificio fantasma» que se encuentra en la calle Alonso Céspedes de Guzmán y que la empresa pública recompró «en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria» por algo más de 1,4 millones de euros.
Fernández ha recordado que ya se detectó en esta operación inmobiliaria el pago de un sobrecoste por el precio del terreno de cerca de 230.000 euros.
Ahora, el consejo de administración ha acordado encargar una peritación para determinar el coste de la edificación, de la que sólo está levantada la estructura de hormigón, con el fin de conocer si el precio que se fijó en la tasación de recompra era el correcto.
El presidente de la Emusvi ha asegurado que se teme que se haya podido también pagar «un precio más elevado» de lo que en realidad se debió pagar.
Jorge Fernández ha ampliado que también se ha abordado lo que se considera otra «irregularidad» de los antiguos gestores, como la ejecución de un «contrato verbal» con la empresa Servicios de Colaboración Integral SL respecto al alquiler de sus oficinas.
En este sentido, ha señalado que esta empresa tiene ocupados 560 metros cuadrados del edificio de la Emusvi, cuando en su contrato únicamente se refleja el uso de 350 metros cuadrados.
El acuerdo verbal alcanzado por la empresa con los anteriores responsables de la Emusvi le habría permitido «gozar de una subvención encubierta» al disponer del uso de más espacio de este edificio del que tienen contratado.
Para Fernández, este hecho es «lamentable» puesto que supone poner a disposición de una empresa que ya se beneficia de dos contratos con el Ayuntamiento de medios que deberían estar a disposición de los ciudadanos, como es el caso, ha recordado, de un salón de actos que podría usarse para otras actividades.
Además, ha indicado que el hecho también supone un «agravio comparativo» con otras instituciones que tienen alquilados locales en el edificio de la Emusvi y que «están pagando el precio por metro cuadrado acordado en los pliegos de contratación».