El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Toledo ha tenido conocimiento, durante su celebración esta mañana, de un informe técnico que señala que la empresa «es solvente, viable, se encuentra en equilibrio financiero y tiene un superávit de 18.000 euros», según ha informado el Ayuntamiento en una nota prensa.
Así lo ha expuesto el vicepresidente de la EMVS y concejal de Urbanismo, Javier Nicolás, durante una rueda de prensa posterior a esta reunión, donde ha informado de que «en estos momentos la empresa no tiene riesgo» y sí liquidez para hacer frente a los compromisos adquiridos para este año 2015.
Además, los consejeros de la EMVS han conocido de mano del gerente de la entidad, Luis Enrique Espinoza, cómo hará frente la EMVS a esas acciones en el año 2015, «quedando claro la solvencia de la empresa», insiste Nicolás.
En este sentido, Javier Nicolás ha añadido que «esta solvencia se argumenta, entre otros asuntos, en el levantamiento del ERE que pesaba sobre los 10 trabajadores de la EMVS que, durante 2015 cobrarán el 100% de su salario».
«La EMV es un instrumento útil, viable y hay que seguir apostando por ella», ha afirmado Nicolás, quien ha reconocido que la empresa ha sufrido la crisis económica por su propia naturaleza inmobiliaria.
En la misma línea de este argumento, Nicolás ha informado de que la deuda de la EMVS en el año 2006 era de 30 millones de euros (17 millones correspondiente a deuda bancaria y 13 a deuda comercial), mientras que «esta deuda se redujo en el año 2014 (8 millones por hipotecas bancarias y 1,9 millones por deudas comerciales)».
ENCOMIENDA DE GESTIÓN
Por otro lado, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo ha aprobado por unanimidad la propuesta de la Concejalía de Urbanismo para que esta entidad gestione la urbanización y comercialización de dos parcelas de Adif, en el barrio de Santa Bárbara.
Las mismas tienen una superficie de edificabilidad máxima de 7.820 metros cuadrados de uso residencial y 1.100 metros cuadrados de uso terciario estando sujetas a un máximo de 60 viviendas de protección pública.