Transfuguismo es la palabra y el comportamiento que los socialistas de la Diputación de Guadalajara están a punto de llevar a los tribunales. El portavoz del PSOE en la Diputación de Guadalajara, Julio García, ha anunciado hoy que, en los próximos días, este grupo emprenderá acciones judiciales por el caso de transfuguismo ocurrido en la Diputación de Guadalajara.

Así lo ha señalado en rueda de prensa tras constatar que el recurso de reposición presentado ante la propia corporación va a ser desestimado por el Equipo de Gobierno del PP y por la ex diputada de Ciudadanos (ahora en el grupo de no adscritos), Yolanda Ramírez, en el Pleno convocado para mañana.

[ze_summary text=» Julio García: El PP compró el voto de Ramírez por 50.000 euros»] Julio García: El PP compró el voto de Ramírez por 50.000 euros[/ze_summary] 

En dicho recurso, el Grupo Socialista pedía que se echara atrás el acuerdo aprobado también en pleno a finales del pasado enero, que, según ha afirmado, «materializó la compra del voto de Ramírez otorgándole una dedicación exclusiva de 50.000 euros anuales».

PSOE: “Estamos ante un clarísimo caso de corrupción”

Por ello, el Grupo Socialista va a presentar un recurso contencioso-administrativo, sin descartar otras medidas judiciales.

«Sostenemos que no sólo se puede decir que en el ámbito político estamos ante un clarísimo caso de corrupción, ante uno de los mayores escándalos políticos de la provincia en los últimos 20 años, sino que además de violar el Pacto Antitransfuguismo, se han vulnerado también leyes, se han vulnerado normas y se ha hecho a sabiendas», ha sentenciado el portavoz socialista.

Y ha agregado que, en su opinión, se ha infringido en primer lugar la ley de Bases de Régimen Local, modificada en 2003 precisamente para desincentivar el transfuguismo mediante la limitación de los derechos que pueden tener quienes abandonan un grupo político, como hizo Ramírez con Ciudadanos, o son expulsados.

Tampoco se ha cumplido, a su juicio, el Reglamento de la Diputación, reformado en 2005 para regular la situación de los diputados provinciales no adscritos tras la expulsión de cinco de los integrantes del Grupo Popular.

Transfuguismo y “se quebranta el Código de Buen Gobierno”

Esta norma establece que les corresponderán los derechos políticos y económicos que tengan individualmente por su condición de miembros de la Corporación, que en el aspecto económico no son más que las dietas por asistencia al pleno o a las comisiones, «muy lejos» de la dedicación exclusiva que ha otorgado el PP a Ramírez.

Por último, ha argumentado García, se quebranta el Código de Buen Gobierno, incluido en el Plan de Transparencia y Buen Gobierno aprobado en diciembre de 2015 que se declaró de obligado cumplimiento y donde se establece el compromiso firme de respetar y cumplir el contenido del Pacto Antitransfuguismo.