El desahucio de la familia de Lucillos (Toledo) que se esperaba para hoy finalmente no se ha producido, pero la veintena de «indignados» que han acudido a respaldarles se han desplazado hasta la entidad bancaria a la que adeudan la hipoteca para pedirles la paralización del proceso. Raúl, Estela y su hija Saray, de 11 años, terminaron ayer de sacar los muebles y todas sus pertenencias del chalet en el que viven desde hace ocho años, después de recibir el requerimiento del juzgado para abandonar la casa por no poder hacer frente al pago de la hipoteca. Sin embargo, el desahucio no se ha producido hoy.
Simpatizantes del movimiento 15-M han llegado esta mañana, a las 8:30 horas, al domicilio de esta familia para intentar frenar su expulsión y tras conocer que no iba a producirse el desahucio, por una llamada telefónica al juzgado de paz, han decidido acudir al cercano municipio de Cebolla para pedir una explicación al juez.
La funcionaria del juzgado ha explicado a los «indignados» que el documento enviado a la familia, que ya no puede pagar la hipoteca al encontrarse ambos en paro, es sólo el aviso para que abandonen la vivienda y no la orden de desahucio en sí, que se producirá en los próximos días y se comunicará a la familia.
Una aclaración que no ha servido a Raúl, quien de las palabras de la funcionaria ha interpretado que la intención del banco y del juzgado es «venir mañana» para «pillarle» solo, sin el apoyo de los miembros del 15-M.
«No me has explicado las cosas bien, tenéis miedo, queréis venir mañana y cogerme solo para cogerme rápido», ha increpado a la funcionaria Raúl, quien, en declaraciones a los periodistas, ha lamentado que no pueden hacer frente a los 133.000 euros que les reclama el banco para anular el proceso.
No obstante, ha dicho que no se «rendirá» porque «no tiene donde ir», mientras que su mujer, Estela, de quien depende el único ingreso que entra en la casa, 426 euros de paro, ha pedido, entre lágrimas, ayuda para las personas jóvenes que están «cayendo todas en picado».
Tras la visita al juzgado, los simpatizantes del 15-M han decidido «apuntar más alto» y se han desplazado hasta la localidad de Cazalegas, donde se encuentra una sucursal del Banco CCM, la entidad a la que adeuda la familia, para solicitar una nueva negociación y la paralización del desahucio.
Los ‘indignados’, portando carteles en contra de la expulsión de la familia, han entrado en el edificio de la entidad bancaria, donde les ha atendido el director de la sucursal, que les ha explicado que el proceso de desahucio de la familia está muy avanzado porque el matrimonio acumula un gran número de impagos de la hipoteca.
La vivienda se adjudicó en julio de 2011, por lo que es muy difícil aplicar la alternativa que pide ahora la familia de rebajar a 400 euros la hipoteca y ampliar su duración, según explicó el director de la sucursal.
No obstante, los simpatizantes del 15-M han registrado un documento en el que solicitan al Banco CCM la paralización del desahucio y la negociación de nuevas medidas, un escrito que el director se ha comprometido a elevar a las oficinas centrales.
El portavoz del movimiento 15-M de Talavera, Pedro Bastidas, ha dicho que es «un acto de justicia estar apoyando hoy a la familia de Raúl y Estela» porque ellos son «víctimas» de la situación, «no han provocado ninguna crisis» y tan solo son «una pareja trabajadora que han estado pagando su hipoteca» hasta que han podido.
Raúl, Estela y su hija se trasladaron hace ocho años a la urbanización «Kiem» de Lucillos tras vender el piso que habían comprado en Fuenlabrada (Madrid) y con cuyos beneficios pudieron pagar la entrada de la nueva vivienda.
La familia suscribió una hipoteca de unos 500 euros con la entidad bancaria, que después ascendió hasta los 800 euros, una cantidad a la que Raúl, que se quedó sin trabajo como albañil, y su mujer, que tampoco cuenta con un empleo, no pueden hacer frente ahora.