La Fiscalía ha cursado en la última semana 26 nuevas investigaciones penales, dos de ellas en Castilla-La Mancha, por la situación creada en las residencias de mayores a causa de la pandemia del coronavirus, de modo que ya son al menos 160 pesquisas abiertas por lo ocurrido en todo el país y 16 en Castilla-La Mancha.
Son datos recabados por la Fiscalía General del Estado a 18 de mayo sobre las diligencias de investigación incoadas por el ministerio público, a las que se unen en torno a una veintena de procedimientos en marcha en los distintos juzgados del país.
La Comunidad de Madrid, la que más investigaciones penales abiertas acumula
Una vez más, según el informe facilitado este martes por la Fiscalía, sigue siendo la Comunidad de Madrid la que acumula más investigaciones penales abiertas, 79 en total, al sumar diez en la última semana.
Tras detectar la semana pasada una cierta estabilización en la apertura de investigaciones penales, en esta ocasión la Fiscalía constata un «repunte en el número de incoaciones» con 26 nuevas (10 en Madrid; siete en Castilla y León; seis en Cataluña; 2 en Castilla-La Mancha y una en Aragón).
Después de la Comunidad de Madrid se sitúa Cataluña, con menos de la mitad de diligencias abiertas (30), seguida de Castilla y León (17) y Castilla-La Mancha (16).
Entre las comunidades en la que no consta ninguna investigación en curso por parte de la Fiscalía se encuentran Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia, Navarra o el País Vasco.
Son denuncias de partidos políticos, particulares y asociaciones
En la Comunidad Valenciana, todas las diligencias aparecen archivadas, salvo una que consta remitida a la Sección Territorial de Gandía.
Las investigaciones penales abiertas por la Fiscalía en los diferentes ámbitos territoriales tienen como origen denuncias interpuestas por partidos políticos, particulares, asociaciones, entre otros, algunas «muy genéricas o de índole prospectiva», lo que conduce a su archivo.
Más allá de las investigaciones penales, la Fiscalía también ha impulsado 211 diligencias de índole civil en el marco del seguimiento de la situación de las residencias y establecimientos de mayores distribuidos por el país.
En estas actuaciones, explica la Fiscalía, «se solicita y recibe información actualizada de forma permanente» respecto de la situación de los centros de mayores.