El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un protocolo para reforzar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito del personal empleado público de la Junta de Comunidades.
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este lunes la resolución de la Dirección General de la Función Pública, de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en la que se recoge el nuevo protocolo entrará en vigor este martes 30 de julio, y que está destinado al personal funcionario y laboral de la Administración general de la Junta.
En una nota de prensa, la administración autonómica ha señalado que este protocolo unifica todas las actuaciones de prevención y protección puestas en marcha por el Gobierno regional para las víctimas de violencia de género en el ámbito laboral, otros derechos laborales o medidas relacionadas con los permisos, reducciones de jornada, conciliación de la vida laboral y familiar o el teletrabajo para empleadas públicas víctimas de violencia de género.
Igualmente, se detallan también diferentes actuaciones específicas en materia de movilidad interna e interadministrativa, gestión de personal y bolsas de trabajo, procedimientos selectivos para el acceso al empleo público, promoción interna y provisión de puestos de trabajo, así como el acceso al propio centro de trabajo.
El objetivo final es el de garantizar la mejor atención a las empleadas públicas víctimas de violencia de género, así como a aquellas que quieren acceder a un empleo público.
Una nueva plataforma para canalizar todas las gestiones en un único trámite
Como principal novedad, se ha puesto en marcha una nueva plataforma para que las empleadas públicas víctimas de violencia de género puedan acceder a todas las medidas de protección existentes a través de una única solicitud electrónica, que además garantiza la confidencialidad y protección de sus datos.
En el Portal del Empleado estará habilitado este trámite único para la solicitud de ‘Protección de mujeres víctimas de violencia de género en el empleo público’, mientras que dentro del apartado ‘Igualdad‘ existe un espacio específico en el que se puede obtener más información.
Así, se habilita una plataforma para canalizar todas las gestiones de las mujeres empleadas públicas víctimas de violencia de género, que aclara todos los conceptos en el ámbito laboral, facilita los procedimientos y garantiza la confidencialidad y la protección de datos.
Se trata de crear un itinerario que puedan seguir estas usuarias en diferentes cuestiones relativas al ámbito laboral y donde tendrán prioridad como colectivo social vulnerable.
Algunos ejemplos de estas cuestiones son la movilidad interna dentro de la Administración o los concursos de traslado, también con otras administraciones, por ejemplo.
Las mujeres víctimas de violencia de género que no tengan la condición de personal funcionario y laboral de administración general y pretendan participar en un procedimiento de selección o provisión en dicho ámbito podrán acceder a esta plataforma a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Además, el protocolo, que ha tenido el respaldo de la mesa sectorial de funcionarios y de la comisión negociadora de laborales, incorpora el catálogo de derechos laborales existentes en la actualidad en el ámbito del empleo público que se completa con la elaboración y publicación de una guía sectorial actualizada de los mismos.