La consejera de Fomento del Gobierno regional, Marta García de la Calzada ha firmado hoy un convenio de colaboración con Obra Social «La Caixa», con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler a las personas más necesitadas en la región. De este modo, «La Caixa» pone a disposición de las personas o colectivos más necesitados de Castilla-La Mancha un total de 823 inmuebles de su propiedad, repartidos en 63 municipios de la región, a través del llamado «Alquiler Solidario», que consiste en ofrecer en alquiler viviendas a personas con una renta mensual notablemente inferior a la del mercado.
A este respecto, la consejera ha manifestado que «iniciativas donde una entidad privada procura esfuerzos, aporta recursos puramente privados para conseguir una finalidad de interés social tan relevante como es el acceso a la vivienda, se merece nuestro reconocimiento y todo el apoyo institucional».
Según recoge el convenio, el precio del mencionado alquiler oscilará entre un mínimo de 170 euros y un máximo de 300 euros; en el precio se incluirán los gastos de comunidad e IBI. De este modo, Obra Social subvencionará la mitad del importe del alquiler, por lo que nunca se pagará más de 150 euros mensuales.
«La Consejería de Fomento se compromete a procurar la máxima difusión pública de este programa tanto en las oficinas centrales, como en los servicios periféricos, a través de la web y especialmente dirigiéndonos directamente a los demandantes de vivienda en régimen de alquiler que tenemos inscritos en los registros» ha subrayado Marta García.
Respondiendo al contexto económico actual, el nuevo programa Alquiler Solidario se dirige a personas mayores de edad, de unidades familiares con rentas inferiores a 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, que no lleguen a los 18.600 euros anuales. En cuanto a ingresos mínimos, no podrán ser inferiores a 6.000 euros anuales, ya que esto asegura que el gasto en alquiler no va a representar más del 30 por 100 de los ingresos de la unidad familiar.
PROMOVER EL ARRENDAMIENTO
Asimismo, Marta García ha anunciado que el Gobierno regional «está empezando a tramitar un anteproyecto legislativo de depósito de fianzas de arrendamiento, que tiene por objeto procurar la mayor seguridad jurídica posible en las relaciones arrendaticias, para que sea una opción atractiva». Por ello, ha proseguido la consejera, «estamos valorando la implantación en esta comunidad autónoma de mecanismos de arbitraje que permitan plantear y resolver los conflictos entre arrendadores y arrendatarios antes de que se acuda a los tribunales y se judicialice el asunto, con las consecuencias no siempre positivas que tienen esos trámites».
Con respecto a las 800 viviendas que la Junta de Comunidades tiene en stock, Marta García ha manifestado que se está trabajando en la modificación de la normativa de la gestión de ese patrimonio «para optimizar los recursos de esas viviendas; racionalizar, normalizar los contratos de alquiler con una serie de pautas que no van a hacer olvidar el fin social al que se destinan esas viviendas».