La Ley de Ordenación del Servicio Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha continúa su tramitación parlamentaria tras la celebración de la comisión de Asuntos Generales de las Cortes, en la que se han debatido las 17 enmiendas del PSOE, de las que se han aprobado dos de carácter formal.
En la comisión, en la que se ha designado como ponente de la ley en el Pleno de las Cortes a la diputada popular Carolina Agudo, se han debatido y votado las 17 enmiendas socialistas, de las que 15 han sido rechazadas con los votos del PP y las otras dos han salido adelante por unanimidad.
Tras este trámite, el proyecto de ley de Ordenación del Servicio Jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ya podrá ser debatida y votada en el Pleno de las Cortes, para el que se mantienen vivas las quince enmiendas socialistas que han sido rechazadas en la comisión.
Con este proyecto de ley se da cumplimiento a una sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre la ley de empleo aprobada durante la etapa de gobierno socialista que obligaba a reformar los servicios jurídicos de la Junta y se concreta que con la nueva ordenación el acceso a los servicios jurídicos de la Junta será por oposición, lo que pretende redundar en una mayor profesionalización.
En concreto, en una de las enmiendas aprobadas por unanimidad se corrige una fecha mientras que en la otra se concreta que las disposiciones finales son dos.
El diputado socialista encargado de defender las enmiendas ha sido Luis Santiago Tierraseca, que entre otros asuntos ha detallado que en sus propuestas recoge recomendaciones realizadas por el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
En ellas, el PSOE plantea que «las jefaturas de las unidades de los Servicios Jurídicos de las consejerías y de los organismos autónomos serán provistas mediante el procedimiento de libre designación, de conformidad con las leyes de función pública», sin embargo, la diputada del PP Carolina Agudo ha rechazado estas enmiendas al considerar que el término «designación» que se utiliza en la ley, en lugar de provisión, es más correcto.
Otro de las enmiendas socialistas ha solicitado que el procedimiento de oposición se base en los criterios de mérito y capacidad, y por lo tanto, se elimine el requisito de excelencia que se establece en la ley, ya que considera que los dos primeros son suficientes.
En cambio, Agudo ha defendido la excelencia como criterio de acceso por «ser un fin perseguido por la administración», de forma que ha apostado por que «respetando los principios de mérito y capacidad, se seleccionen a los mejores».
Asimismo, una de las enmiendas socialistas que han sido rechazadas era la que planteaba que en todo caso, los letrados que accedan por oposición y que no acrediten una experiencia en práctica forense de al menos un año, deberán recibir una formación específica y práctica, diseñada por la Dirección de los Servicios jurídicos que no podrá ser inferior a un año.
En cambio, Agudo ha considerado que toda persona que finaliza dichos estudios y aprueban la oposición no necesitan realizar prácticas.
El PSOE también ha propuesto que el personal estatutario fijo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que venga desempeñando las labores de asesoría jurídica en ese servicio y reúna las condiciones de titulación podrá optar, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley, a integrarse con carácter voluntario en el Cuerpo Superior Jurídico, ya que Tierraseca ha defendido que se podrían aprovechar mejor los conocimientos adquiridos en la práctica durante sus años de profesión.
Sin embargo, Agudo ha aseverado que esta enmienda no puede aceptarse, porque va contra la «necesaria uniformidad» que presta el servicio, establece diferencias entre los sujetos estatutarios y, en resumen, «es discriminatorio».