La Consejería de Desarrollo Sostenible ha decidido someter a evaluación de impacto ambiental ordinario los dos proyectos que había presentado la promotora Ibéricos Vallehermoso S.L. para instalar, por separado, dos granjas de engorde de ganado de porcino de 1.990 plazas cada una, a escasa distancia una de otra, en el municipio de El Robledo (Ciudad Real).
La resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible, consultada por EFE, recoge que estas piezas de ganado serían transportadas desde la granja de origen ubicada en el término municipal de Alhambra (Ciudad Real) hasta estas otras dos granjas para ser engordadas hasta ser sacrificadas.
Denuncian la posible instalación de una macrogranja de 4.000 cerdos en un pueblo de Ciudad Real
La Junta constata que las naves, que se habían acogido a la tramitación de impacto ambiental simplificada, se ubican aproximadamente a un kilómetro la una de la otra, compartiendo ambas explotaciones el mismo ámbito territorial y sumando una macrogranja de 3.980 cerdos, quedándose cada una ligeramente por debajo de los 2.000 que es el límite de la declaración de impacto ambiental ordinaria.
La consejería considera que ambos proyectos se encuentran en el ámbito de aplicación de distintos planes de protección de flora y fauna; no en vano, está a apenas 12 kilómetros del Parque Nacional de Cabañeros.
En la zona también existen pozos de abastecimiento de población y existen viviendas próximas a la explotación, así como los núcleos urbanos residenciales de Las Tiñosillas, Las Islas y El Robledo, que podrían verse afectadas por malos olores y ruidos procedentes de la propia explotación, así como durante el proceso de valorización de los purines.
La resolución de la Junta recoge que El Robledo es un municipio que apuesta por la lucha contra la despoblación a través de la actividad turística, que podría verse afectada por malos olores y ruidos.
Para la Junta se ha puesto de manifiesto que existen aspectos relevantes del proyecto que deben ser evaluados con mayor rigor en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Finalmente, también tiene en cuenta que se ha puesto de manifiesto una oposición pública que hace necesaria la participación ciudadana en el proceso de evaluación ambiental, en aras de garantizar que se valoran todas las partes que pudieran verse afectadas por el proyecto.