La Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara está dispuesta a acudir a los tribunales de Estrasburgo si la justicia española no absuelve a los ocho activistas que participaron en el desahucio de Cabanillas del Campo.
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El 5 de diciembre de 2017, 8 activistas fueron detenidos por ocupar una sucursal de Caixabank en Cabanillas del Campo #Guadalajara
Se enfrentan a varios años de prisión por defender el derecho a una vivienda digna#8deCaixabank@JuanDiegoBotto @olgarodriguezfr pic.twitter.com/25huVLKVcy
— Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG) (@AntirepresivaGu) October 18, 2022
Prisión de hasta 3,5 años de cárcel por resistencia y desobediencia grave
Los hechos ocurrieron en 2017 en la localidad de Cabanillas del Campo (Guadalajara) cuando miembros de la plataforma acudieron a una sucursal bancaria para «mediar» en el desahucio de una familia.
Por la implicación en los hechos la Fiscalía pide penas de entre 1 y 3,5 años de prisión para ocho de los activistas a los que se acusa de los delitos de resistencia y desobediencia grave a los agentes y por allanamiento de un local abierto al público.
Según consta en las declaraciones de uno de los acusados, alegan que «en ningún momento les dijeron (dentro de la sucursal) que si no la abandonaban estarían cometiendo delito de allanamiento» y señalan que «se levantaron ante la orden del cabo de la Guardia Civil» sin que «les dijesen que iban a ser detenidos».
Consideran vulnerado su derecho a protesta pacífica
Desde la Plataforma, la portavoz Nuria Ramos ha exigido la absolución de las personas imputadas e irá hasta Estrasburgo «si hace falta» porque «esto es intolerable. El derecho a una vivienda digna se va a seguir defendiendo en Guadalajara».
Ramos ha defendido la actuación de los activistas «por intentar que se formalizara por escrito un acuerdo» al que se habría «comprometido» la entidad bancaria con los afectados. Concretamente, veinte familias con hijos menores a su cargo. Además, la portavoz ha insistido en que los activistas en 2017 decidieron acudir a la oficina y no salir de allí sin el compromiso por escrito del acuerdo verbal del banco hasta que después esas ocho personas acabaron siendo trasladadas a los calabozos.