La Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Cuenca ha registrado hoy más 500 alegaciones previas al estudio de impacto ambiental para intentar paralizar el proceso del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) y dice que la «batalla legal» continúa.
En declaraciones a Efe, uno de los coportavoces de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Cuenca, Job Moya, ha explicado que han presentado hoy estas alegaciones ante la Subdelegación del Gobierno en Cuenca porque Villar de Cañas es la «peor ubicación» para el ATC, por los riesgos hidrogeológicos que supone y porque la decisión de instalarlo en Cuenca «no es una cuestión técnica sino política».
Ha subrayado que los terrenos son «poco apropiados para los residuos más duraderos y cancerígenos que se conocen actualmente» y ha opinado que la ubicación obedece a una cuestión política y no técnica dado que no se ha tenido en cuenta la opinión de la ciudadanía.
«En la zona hay dolinas, los terrenos son inestables, hay nivel freático cercano y puede haber colapsos», ha aseverado Moya, quien ha criticado que este emplazamiento no sólo perjudicará a Villar de Cañas si no a todas las localidades por donde pasarán los 5.000 camiones al año que transportarán los residuos, según sus cálculos, dado que en Cuenca no hay ninguna central nuclear cercana.
«La radiación afecta a 800 metros de distancia de la carretera por la que discurra. Es como dos radiografía y eso es intolerable por ejemplo para mujeres embarazadas y niños», ha advertido.
Estas alegaciones llegan días después de que el Tribunal Supremo haya rechazado los recursos de Greenpeace contra el almacén de residuos y de que otra sentencia desestimara el recurso del PSOE a un acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Villar de Cañas en el que se pedía la nulidad de la decisión en el que se incluía al municipio como candidato.
En este sentido, Moya ha subrayado que, en cualquier caso, la «batalla legal» no es que haya terminado si no que no ha hecho más que comenzar.
Ha recordado que todavía hay pendientes de resolución dos recursos ante el Tribunal Supremo, uno de Ecologistas en Acción y otro de varios municipios de la zona, y ha avanzado que «si hace falta» irán a Bruselas y Estrasburgo.