La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha ha puesto de manifiesto que los datos publicados hoy por el Imserso en relación al mes de marzo confirman la implantación de un sistema «low cost» en la atención a las personas dependientes de la región.
Según informa en nota de prensa este colectivo, de las 18.622 nuevas prestaciones concedidas en lo que va de legislatura, 16.000 son «de bajo coste», esto es, de unos 20 euros al mes por dependiente. A ello añade que en estas prestaciones el beneficiario tiene que hacer frente económicamente a una parte importante de ellas, «lo que está implicando que mucha gente esté renunciando a la ayuda».
Frente al balance realizado por la directora general de Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha, la plataforma ofrece otra versión muy diferente y es que asegura que en lo que llevamos de legislatura «cada seis horas un dependiente pierde la prestación económica que recibía para su cuidado», en total, «3.958 prestaciones perdidas».
Considera, además, que el llamado limbo de la Dependencia (personas que tienen derecho por ley a ser atendidas y no lo son) «sigue en unos límites vergonzosos», con 9.556 personas en esta lista, «muchos de los cuales fallecerán antes de recibir la prestación o el servicio que les corresponde». Según los datos que ofrece la plataforma, en Castilla-La Mancha se han producido más de 4.600 muertes mientras esperaban su atención.
«Los expedientes en los cajones, dependientes que ni siquiera han sido valorados, llegan ya a los 6.446, casi mil más que cuando Emiliano García-Page tomó posesión de su cargo». La plataforma recuerda que en ese momento, en su discurso de investidura, el presidente regional se comprometió a acabar con ellos en un año.
Con todos estos datos en la mano -y con los «34 millones de euros que el Ejecutivo regional dejó de gastar en 2017 en Dependencia y que estaban presupuestados»- la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha hace referencia a una realidad muy negativa para este colectivo con «familias que pierden las prestación económica, prestaciones de muy bajo coste, aportaciones de los beneficiarios muy altas, fallecidos sin ser atendidos, miles de expedientes en los cajones, familias que tienen que cargar a cuestas a sus familiares dependientes…»