Las comunidades autónomas deberán garantizar en un plazo máximo de cinco días que disponen de entre 1,5 y 2 camas de UCI y entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por cada 10.000 habitantes por si hubiera un rebrote, una condición de «obligado cumplimiento» para pasar de fase en la desescalada.
Lo ha avanzado este domingo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa conjunta con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, en la que ha insistido en que es una condición para poder hacer frente a posibles rebrotes.
Además, se recomienda a las comunidades que mantengan el número de profesionales sanitarios durante la desescalada, tomando como referencia el que había en los momentos «álgidos» de la pandemia, así como que se lleve a cabo una reorganización, reforzando la atención primaria y salud pública, «que van a tener un papel clave» en la detección precoz de nuevos casos.
Estas condiciones aparecen recogidas en una orden ministerial de cogobernanza, que se publicará este domingo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que establece unos indicadores que sirvan de referencia para constatar que se dan las circunstancias epidemiológicas para avanzar de fase o, bien, para «ir de forma más lenta».
Todo ello se analizará en reuniones bilaterales técnicas y políticas con las comunidades, en las que se evaluarán sus propuestas, que deberán trasladar con una semana de antelación, aunque esta primera semana «extraordinaria» lo podrán hacer el miércoles 6 de mayo.
Illa ha dicho que, aunque la unidad territorial de referencia para evaluar la situación es la provincia o la isla, si «motivadamente» se plantean otras unidades que se ajusten mejor, «siempre y cuando cumplan con los criterios», se estudiará conjuntamente.