El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) se personará mañana en el Tribunal de Cuentas para documentar una supuesta trama de corrupción en Aguas de Alcázar durante la gestión del anterior gobierno socialista.
Así lo ha anunciado hoy el concejal de Servicios Jurídicos, Mariano Ormeño, y el segundo teniente de alcalde, Ángel Montealegre, ambos miembros de grupo municipal de UCIN-CxA, ha informado en nota de prensa el Ayuntamiento alcazareño.
Ormeño ha acusado al PSOE de realizar «prácticas delictivas» a través de la Sociedad de Aguas de Alcázar, como «pagar dos veces la misma obra», en referencia a la iluminación del Parque Cervantes.
El concejal ha subrayado que se ha hallado una «hoja de ruta perfectamente diseñada» manuscrita por el técnico responsable en la que se dicta cómo «proceder para engañar a la Diputación, a la Junta de Comunidades y al Ministerio de Fomento, en el expediente correspondiente a la iluminación del parque».
Esta obra se pagó al empresario que verdaderamente hizo la obra y a Aguas de Alcázar, por lo que hubo una sobrefacturación de más de 300.000 euros.
El responsable de Servicios Jurídicos ha explicado que, hasta la fecha, se han puesto en manos del Tribunal de Cuentas numerosos expedientes relacionados con las obras que no se realizaron en la zona del mercadillo y por las que se pidió una subvención a la Junta y al Ministerio de Fomento, y la sobrefacturación en el expediente correspondiente al alumbrado del Parque Cervantes.
A estos documentos, constatados por el Juzgado de Alcázar, se unirán ahora varias actas de recibimientos de «obras falsas» firmadas por técnicos y políticos del Ayuntamiento, con mandatos de pago ordenados por la anterior concejala de Hacienda, Ana Belén Tejado, y también constatadas por el Juzgado de Alcázar y por un informe pericial.
Ormeño ha indicado que, tras esta nueva aportación de documentos, se puede verificar «la posible perpetuación de los posibles delitos de prevaricación administrativa, administración desleal de una Sociedad Anónima Municipal y malversación de fondos, a lo que se unirá un posible delito de cohecho».