Los 282 trabajadores del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Ciudad Real están llamados el próximo domingo a una protesta en la Plaza de la Constitución, frente a la Diputación de Ciudad Real, en «defensa de los derechos laborales y de lo público».
El presidente del comité de empresa de RSU, Leoncio Ciudad Real, ha asegurado a Efe que los trabajadores del consorcio han sufrido durante los últimos dos años una rebaja en sus condiciones laborales, como la disminución en un 25 por 100 de sus sueldos, mientras ven cómo se reducen servicios y aumenta la carga de trabajo.
El representante de los empleados ha dicho que la eliminación del servicio de recogida de basura durante los festivos en la capital y Miguelturra ha sido uno de los «detonantes», pero no el único, para convocar una concentración, que se iniciará al mediodía y que esperan que sea «muy participativa».
Los sindicatos convocantes -CCOO, UGT y USO- han mostrado su confianza en que esta movilización haga recapacitar a la dirección de la empresa y se abra un periodo de diálogo para conocer el futuro del Consorcio ante la nueva Ley de Bases de Régimen Local.
Leoncio Ciudad Real ha asegurado que, según la nueva ley, empresas como el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos «deben desaparecer», por lo que ha instado a los responsables de la dirección a que aclaren «si van a privatizar el servicio o lo van integrar en la estructura de la Diputación de Ciudad Real».
El presidente del comité ha recordado que el Consorcio de RSU presta en la actualidad servicio de gestión de residuos a más de 400.000 habitantes de 93 municipios de la provincia de Ciudad Real y es un órgano dependiente de la Diputación.
Igualmente ha criticado la «inoperancia» de los directores ejecutivos nombrados por los grupos políticos, a los que ha acusado de «abuso de poder» con el fin de «recolocar amigos, mientras están reduciendo el sueldo y los contratos e incumpliendo el convenio colectivo».
Además, no ha descartado que esta primera movilización sea el inicio de otra serie de protestas, si los responsables de la institución provincial «no entablan conversaciones con el comité de empresa» para abordar las diferentes rebajas en los derechos laborales» y la «incertidumbre del futuro de la empresa».