La Plataforma Pro-Defensa de La Rinconada, pedanía del municipio toledano de La Puebla de Montalbán de apenas un centenar de vecinos que lleva desde 2008 luchando contra una gravera irregular, ha solicitado una reunión con la consejera de Agricultura para explicar la situación que siguen padeciendo. El coordinador provincial de Ecologistas en Acción en Toledo, Roberto Oliveros, y el portavoz de la Plataforma Pro-Defensa de La Rinconada, Javier Jiménez, han explicado que desde enero de 2012 no transitan camiones y no hay actividad en la gravera.
Sin embargo, los vecinos dicen que esta explotación -propiedad de la empresa García Rivera e Hijos- sigue suponiendo un peligro para su seguridad y para su salud, y temen que siga «latente», según Oliveros, la pretensión de la empresa de retirar el material arenoso que hay en la explotación, ya que la Dirección General de Minas le conminó a que lo hiciera.
Las instalaciones de la gravera ocupan parte de una vía pecuaria y los vecinos mantienen que la empresa pretende utilizar esta vía pecuaria para la retirada de la arena, que, por otra parte, se tendría que transportar utilizando camiones de gran tonelaje.
Ante esta situación, la Plataforma ha remitido diversos escritos a la Consejería de Agricultura y a sus Servicios Periféricos en Toledo -el último el pasado mes de enero- y esta misma semana ha pedido una reunión con la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, para abordar un tema que les preocupa y que sufren desde hace más de cinco años.
Roberto Oliveros ha criticado las respuestas que la Consejería ha ofrecido a los escritos de la Plataforma y las ha interpretado como «dejación de funciones» e «inoperancia» ya que la Consejería aduce que se trata de «denuncias de particulares» y que, por tanto, no está motivada la apertura de expedientes sancionadores.
La exalcaldesa de La Puebla de Montalbán, Araceli Ladera, clausuró y precintó esta gravera en enero de 2010, por decreto de Alcaldía, y a su vez el propietario de la empresa presentó una querella contra Ladera por un delito de prevaricación, según han recordado en la rueda de prensa.
La Plataforma Pro-Defensa de La Rinconada no ha iniciado medidas judiciales porque no tienen dinero para hacerlo, como ha reconocido Javier Jiménez, y porque la mayoría del centenar de vecinos de esta pedanía son jubilados o desempleados.
Lo que los vecinos quieren es que se desmantele la maquinaria y que el material arenoso se restituya a su lugar de origen para minimizar, en lo posible, el daño ambiental causado a esta zona declarada como suelo rústico de protección de humedales.