La portavoz y vicesecretaria general regional del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha exigido a María Dolores de Cospedal que aclare si es cierto que su Gobierno tiene la intención de reducir este año en un 40 por 100 los fondos públicos que destinaba hasta ahora a concertar plazas de residencia para nuestras personas mayores. Para ello, la presidenta del PSOE y portavoz de Asuntos Sociales en las Cortes de Castilla-La Mancha, Matilde Valentín, va a presentar una interpelación y dos preguntas orales en el Pleno de la Cámara.
Maestre ha pedido estas aclaraciones en rueda de prensa, después de que la dirección de Artecam, la organización que representa a las residencias privadas y concertadas en nuestra región, informara, tras reunirse con altos cargos de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, que el Ejecutivo de Cospedal les ha comunicado que, para este año, se reduce un 10 por 100 el número de plazas concertadas por la administración y se recorta en un 23,5 por 100 el dinero que el Gobierno aporta para financiar cada una de esas plazas concertadas.
En opinión de Maestre, «es otra vuelta de tuerca más, otro recorte que hace Cospedal precisamente contra quien es más vulnerable; las personas mayores que no pueden valerse por sí mismas y que en nuestra región, además, cobran pensiones bajas o mínimas».
En este sentido, la dirigente socialista ha advertido que hay 4.000 familias que tienen a sus mayores con plaza concertada que no pueden pagar un 23,5 por 100 más por esa plaza, y que la reducción en la aportación de fondos públicos para este tipo de programas, «puede suponer, además, el despido de 1.200 trabajadores de este tipo de recursos asistenciales».
Maestre ha lamentado que, en apenas 10 meses de Gobierno de Cospedal, Castilla-La Mancha haya pasado de ser la comunidad autónoma de España con mayor tasa de cobertura en plazas de residencia y la región que mejor aplicaba la Ley de la Dependencia «a ser una región en la que se desmantela por completo el Estado del Bienestar y la red de servicios sociales básicos y en la que, cada día, 100 familias pierden su derecho a ser beneficiarias de la Ley de la Dependencia».