El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha presidido la reunión de la Comisión Regional de Seguimiento del Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas, donde se ha aprobado la propuesta de reparto y el calendario de actuaciones para el presente ejercicio.
Se prevé un aumento del presupuesto, así como del salario de los trabajadores beneficiarios, gracias a la subida del SMI.
Los ayuntamientos de Castilla-La Mancha que acudan a este Plan dispondrán de un total de 12.219.023,85 euros para contratar a trabajadores en paro del régimen especial agrario que realizarán obras o servicios de interés general o social, “lo que evidencia un incremento del 5% respecto a la cuantía total destinada para este Plan especial el año pasado.
Se contratarán a 2.338 trabajadores del sector agrario de CLM
El delegado del Gobierno en CLM ha recordado que se trata de un Plan “muy demandado por los ayuntamientos”, puesto que el coste de las contrataciones lo asume íntegramente el Estado.
Por otra parte, en la Comisión Regional se ha aprobado la propuesta de distribución a nivel provincial de los créditos del Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas, que se destinará a contratar a 2.338 trabajadores del sector agrario en Castilla-La Mancha.
La propuesta, que se deberá analizar ahora en las Comisiones Provinciales, contempla la contratación de 617 trabajadores en la provincia de Albacete, 980 en la provincia de Ciudad Real, 330 en la provincia de Cuenca, 8 en la de Guadalajara y 403 contratos en la provincia de Toledo.
Una vez aprobada la asignación de los créditos a nivel provincial, las respectivas Comisiones Provinciales procederán a la aprobación de la distribución a cada uno de los ayuntamientos beneficiarios, que lo serán mediante la ponderación del paro agrario registrado y los afiliados al SEASS.
A la reunión han asistido también los responsables del Área de Trabajo y del Área de Agricultura de la Delegación del Gobierno, la coordinadora de Empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, los responsables provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de la Tesorería de la Seguridad Social y representantes de los sindicatos CCOO y UGT-FICA y de la organización agraria ASAJA y la FEMP.