La Asociación Cívica de Mediación de Castilla-La Mancha ha presentado su proyecto con el que busca convertirse en una alternativa a la resolución de conflictos sociales, familiares o mercantiles y que conlleva una agilización y abaratamiento con respecto a los procesos judiciales.
Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa el presidente de esta novedosa Asociación, Carlos Cañete, que ha puesto de relieve las ventajas que «conlleva la mediación ante la crisis y tardanza en responder del Ministerio de Justicia y el elevado coste», más aún con las nuevas tasas judiciales.
Cañete ha explicado que los actuales 10 miembros que integran la asociación -que tiene su sede regional en Toledo y cuenta, por el momento, con dos delegaciones más, en las localidades toledanas de Talavera e Illescas, aunque la idea es establecerse en breve en otras localidades de la región- son profesionales cualificados: licenciados en derecho, psicología o economía y graduados sociales, en un 90 por 100 mujeres, ha detallado Cañete.
El trabajo del mediador es que «se oigan, se escuchen y lleguen a una solución satisfactoria» porque, ha recalcado, «el mediador no es árbitro ni juez, sino que ayuda a dar un nuevo enfoque al problema».
Cañete ha ofrecido la asociación cívica, sin ánimo de lucro y creada a mediados del año pasado «por un grupo de personas muy valientes», como foro «para crear un espacio seguro donde se aclaren los malentendidos entre las partes».
Las acciones se dirigen a temas intrajudiciales y extrajudiciales y se hará especial hincapié en la formación de mediadores para lo que cual existen conversaciones con las distintas administraciones públicas de cara a firmar acuerdos de colaboración, ha subrayado.
Ha concluido que el coste, bajo cuotas reguladas, dependerá del tipo de conflicto, pero uno familiar, que es el más habitual, estaría entre los 180 y 200 euros y uno mercantil, entre empresas, con una cuantía de hasta 6.000 euros, no superaría los 500 euros.
La secretaria de la asociación, Purificación García-Alcañiz, ha ampliado que esta nueva fórmula es «asequible, eficaz, confidencial y con todas las garantías jurídicas» y que se ofrecerá un registro de mediadores que se ampliará en base a las demandas.
En cuanto a la mediación intrajudicial, la vocal Rebeca Rosales ha explicado que el juez impulsa el acuerdo y las partes implicadas deberán ratificarlo para poner en marcha el protocolo de actuación que bajo la actuación de los mediadores, de ser positivo, llevaría a la firma que tendrá carácter ejecutivo.
En todo caso, ha aclarado, para la intervención mediadora es preciso un convenio con el Consejo General del Poder Judicial.
Respecto a la mediación extrajudicial, la tesorera de la asociación, Yésica López, ha aclarado que es de carácter privado y voluntario y ambas partes salen ganando porque «se cierra con el consenso, no está impuesto por un tercero, entre las partes».
Ha concluido que el proceso se inicia con la solicitad, por una o ambas partes, y con los requisitos estudiados se elige un mediador que se encargará de que «todo concluya con una acuerdo final firmado por ambas partes que tendrá efecto de sentencia ejecutoria».