La Federación Regional de Vinos, Alcoholes y Mostos de Castilla-La Mancha (Fevin) y Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha han mostrado su preocupación y rechazo ante el acuerdo de destilación.
La Federación Regional de Vinos, Alcoholes y Mostos de Castilla-La Mancha (Fevin), que aglutina a más de 150 bodegas de la región, e integrada en Cecam ha trasladado a la Consejería de Agricultura su preocupación sobre el acuerdo de destilación alcanzado entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y algunas organizaciones profesionales del sector.
«Una destilación obligatoria a coste cero perjudica gravemente al sector. La problemática sobre disponibilidad de capacidad en las bodegas para la próxima campaña no se solventa de esta forma dado que la retirada del vino no se realizará hasta seguramente finalizada la vendimia», indican en nota de prensa.
Asimismo una destilación en estas condiciones, obligatoria y a coste cero, implica «una penalización a las bodegas que ya pagaron las uvas y ahora incurrirían en pérdidas. Genera una enorme incertidumbre sobre la próxima vendimia, pudiendo crear mayor inestabilidad en un futuro así como favorecer la especulación en los mercados».
Es por ello que desde Fevin se ha solicitado a la Consejería de Agricultura que intermedie ante el Ministerio para evitar la aplicación de esta medida que traería consecuencias muy perjudiciales al sector.
Al mismo tiempo, Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha acordó, en el marco de la reunión de su comisión sectorial Vitivinícola, celebrada para analizar el borrador de normativa que el Ministerio pretende publicar, rechazar rotundamente y manifiesta su disconformidad con el texto que propone sobre la implantación de una destilación obligatoria, sin ninguna compensación económica, respecto a la campaña 2013/14, en contraposición a la demandada destilación de crisis, voluntaria y compensada, prevista en la legislación europea del sector.
Las conclusiones a las que la organización cooperativa llegó han sido trasladadas a la consejera de Agricultura para que, asumiendo el papel y la responsabilidad que le corresponde en esta problemática, presente alternativas de forma activa y actúe ante el Ministerio defendiendo los intereses del sector vitivinícola de la región, ya que «la destilación obligatoria sin presupuesto alguno al final de la campaña 2013/14, resulta a todas luces discriminatoria, injusta, inoportuna e ineficaz, y no hace sino alejarse del objetivo principal de la medida que era calmar y corregir los desequilibrios del mercado vitivinícola reinante, provocados por una cosecha excepcional e histórica como la acaecida la pasada vendimia 2013».