Los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo -que integra Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Sigüenza-Guadalajara- han mostrado este jueves su «preocupación» por la aprobación de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha.
En un comunicado de prensa, los obispos han explicado que apoyan «toda iniciativa que favorezca la igualdad real y evite la discriminación que puedan sufrir las personas por razón de sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, como expresa la Constitución Española».
Apoyan las «medidas que ayuden a evitar la violencia»
También han dicho que apoyan «las medidas que ayuden a evitar la violencia contra personas y colectivos por esos u otros motivos» y han señalado que la Iglesia «desea estar siempre al lado de las personas que sufren» y por ello «promueve proyectos concretos para acoger, acompañar, ayudar y, en definitiva, promover la dignidad de quienes son descartados por la sociedad».
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No obstante, han expresado su «preocupación» por la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha ya que a pesar de que declara que «tiene como principal finalidad evitar situaciones de discriminación y violencia contra las personas LGTBI también se orienta a implantar en la sociedad una concreta forma de entender la naturaleza del ser humano, en la cual se parte de la separación entre el sexo con el que se ha nacido y con el que la persona se identifica, entre el sexo con el que se ha nacido y la elección personal de la orientación sexual».
«Incorpora la perspectiva de género de manera transversal»
Han argumentado que la mayoría de los preceptos de la ley «tienen por objeto incorporar la perspectiva de género de manera transversal y promover las medidas en materia LGTBI en todos los sectores de la sociedad.»
Asimismo, han manifestado que la ley introduce «un régimen sancionador, con multas de 3.001 a 30.000 euros para sus infractores, con la prohibición para entidades o personas de recibir subvenciones o, incluso, la inhabilitación temporal, cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación durante un año».
«Se invierte la carga de la prueba»
«Y se invierte la carga de la prueba, con lo que corresponderá a quien se atribuye que ha discriminado a personas LGTBI la aportación de una justificación probada, objetiva y razonable de las medidas supuestamente discriminatorias», añaden.
Los obispos han apuntado que el planteamiento antropológico que subyace en esta ley «es contrario a la enseñanza del magisterio de la Iglesia sobre la naturaleza del ser humano y no responde a lo que afirma la ciencia, la cual sostiene que la identidad sexual tiene su fundamento principal en la biología«.
«La diferencia entre hombres y mujeres en una verdad»
A su juicio, la ley «pretende ser una visión que contrasta tanto con la fe como con la razón, con consecuencias sobre la esencia de la familia. Dios nos ha creado hombres y mujeres, y la diferencia entre ambos es una verdad».
También han explicado que «la libre determinación de la personalidad no puede ser contraria a la verdad ni ser manipulada hasta el extremo de olvidar o ignorar lo que el ser humano es» y han pedido a los fieles de la Iglesia en Castilla-La Mancha que «intensifiquen su oración» para que «cese toda forma de violencia y discriminación en la sociedad, fomenten su formación y articulen positivas vías de acción que ofrezcan a todos la belleza de nuestra realidad como hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de Dios».
La provincia eclesiástica de Toledo está integrada por la Archidiócesis de Toledo y las diócesis de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Sigüenza-Guadalajara.