El alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, ha asegurado que la votación en la que se adjudicó a Aqualia su participación en la sociedad mixta que gestionará el suministro de agua al municipio «es legal», aunque su voto de calidad como alcalde fuera decisivo.
El regidor municipal ha hecho esta afirmación ante la denuncia del grupo socialista que considera que el acuerdo adoptado el pasado 21 de febrero en el curso de un pleno extraordinario «es nulo» porque la normativa impide que una adjudicación administrativa superior a 5 años y que suponga más del 20 por ciento de los ingresos del Ayuntamiento se pueda adoptar con el voto de calidad del alcalde.
Ortega ha subrayado que, según la ley, la mayoría absoluta (la mitad más uno) es preceptiva en concesiones del cien por cien de un servicio, pero no en la creación de una sociedad mixta, como es este caso.
También ha señalado que la convocatoria de un referéndum sobre la privatización del servicio del suministro de agua, como solicitaba la Plataforma contra la Privatización del Agua, «es ilegal», dado que no se pueden someter a consulta popular temas que afecten a la hacienda local, tal como señala la Ley de Bases de Régimen Local.
El portavoz de la citada plataforma, Juan Garrido, y otros miembros del colectivo no han querido pronunciarse sobre estas declaraciones que, según han afirmado a Efe, serán analizadas esta tarde y contestadas mañana, en el curso de una rueda de prensa.