lunes, 25 de noviembre de 2024
Ilustración de Santi Morilla sobre el tiroteo de Argamasilla.
Ilustración de Santi Morilla sobre el tiroteo de Argamasilla.
Los agentes acudieron tras una pelea entre clanes - 15 noviembre 2018

La Fiscalía Provincial de Ciudad ha solicitado un total de 39 años y tres meses de prisión para A.G.R., vecino de Argamasilla de Calatrava que hirió a cuatro agentes cuando abrió fuego con una escopeta contra un comando policial que acudió a su vivienda a realizar un registro para intervenir un arsenal de armas con el que había protagonizado en días anteriores varios enfrentamientos entre clanes gitanos.

 


En el escrito de acusaciones, recogido por Europa Press, el fiscal solicita ocho años y tres meses de prisión por un delito de atentado; 28 años por cuatro delitos de homicidio en grado de tentativa; dos años por un delito de receptación y un año más por un delito de tenencia ilícita de armas.

Explica el fiscal que el registro se realizó como consecuencia del enfrentamiento entre dos clanes gitanos asentados en la localidad de Argamasilla de Calatrava con amenazas y uso de armas en la última semana de julio del año 2016, razón por la que el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Puertollano, apoyado por personal del Grupo ROCA de la Guardia Civil de Ciudad Real, con autorización judicial, efectuó la entrada y registro del domicilio.

El objeto de dicho registro era intervenir armas, objetos e instrumentos relacionados con los previos acometimientos para evitar nuevos enfrentamientos.

Así fue el tiroteo

Fue el 4 de agosto de 2016 cuando, a las 8.50 horas, se procedió a entrar al domicilio. El comando policial iba equipado con escudo balístico, chalecos antibalas y cascos balísticos, y forzaron la puertas con ariete.

Considera el fiscal que a la entrada, el procesado, con intención de vulnerar el principio de autoridad y de acabar con la vida de todos los agentes que habían accedido al domicilio, provisto de una escopeta de caza de cañones paralelos efectuó desde el fondo de la cocina dos disparos contra todos los guardias civiles que se encontraban en el pasillo de la vivienda, alcanzando a siete de ellos, lo que hizo que cayeran al suelo y tuvieran que retroceder y refugiarse en las habitaciones que había a ambos lados del pasillo.

Los agentes tuvieron que repeler la agresión efectuando siete disparos. El ahora encausado huyó de la vivienda por una ventana y se refugió en un tejado justo antes de ser detenido.

Por esta causa también se juzgará a la mujer del primer acusado, A.C., para quien se piden cuatro meses de prisión por resistencia a la autoridad.

Un gran arsenal incautado

Una vez detenidos los procesados, se efectuó el registro de la vivienda hallando siete botellas de aire comprimido para armas de aire, quince cartuchos metálicos de calibre 270; 50 cartuchos metálicos de calibre 22 dentro de su caja, 20 cartuchos metálicos de calibre 9,3x62mm, un cargador de rifle, un rifle SLB 2000+, 33 cartuchos metálicos de calibre 270 y 23 cartuchos metálicos de calibre 12 marca GB.

Como consecuencia de los disparos efectuados por el procesado resultaron lesionados varios agentes. Uno de ellos sufrió heridas múltiples por proyectiles de pequeño tamaño en ambos miembros inferiores y como secuelas sufre perjuicio estético ligero por inclusiones de cuerpo extraño y cicatrices puntiformes en tercio inferior de muslo izquierdo y tercios inferior y medio de muslo derecho.

Un segundo agente sufrió herida por perdida de sustancia de cinco milímetros de diámetro en tercio medio de cara anterior de pierna derecha en relación a impacto de perdigón y erosión en cara externa de codo derecho.

Otro guardia civil sufrió contusión con escoriaciones en codo derecho y dos lesiones contusas puntiformes en cara anterior de brazo en relación con impacto de plomos precisando para sanar primera asistencia facultativa tardando en curar 12 días impeditivos.

Otros cuatro guardias civiles sufrieron impactos de perdigones en varias zonas de su cuerpo, presentando diversas lesiones. Por todas ellas, el fiscal pide indemnizaciones cercanas a los 9.000 euros.

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