El vicepresidente de la Diputación, Jaime Ramos, ha afirmado, sobre la valoración socialista al dictamen del Consejo Consultivo que declaraba nulo el decreto que convirtió en indefinidos 105 contratos temporales, que la resolución de este «en ningún caso declara la nulidad de los contratos» y recuerda que el dictamen declaró nulo el decreto «por no tener plaza en la Relación de Puestos de Trabajo los empleados beneficiados con el mismo y al no haberse sometido a ninguna modificación presupuestaria la nueva situación creada con el mismo en la Diputación de Toledo». Ramos exige «objetividad y acatamiento a las decisiones del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha».
El vicepresidente portavoz de la Diputación de Toledo, Jaime Ramos, pide al secretario general de los socialistas toledanos y portavoz del Grupo en la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, que «no recurra al argumento fácil de cuestionar una resolución del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha por el simple hecho de que la misma no satisfaga sus expectativas».
En opinión de Jaime Ramos, «resulta curioso que quien fuera vicepresidente de la Diputación de Toledo en el momento de aprobarse un decreto declarado ahora nulo sea capaz de interpretar la decisión del Consejo Consultivo con razones peregrinas, muy alejadas de la lectura que debe hacerse del dictamen emitido, que pasan por los siguientes aspectos incuestionables e imparciales:
«El Decreto 600/2011, de 19 de mayo de 2011, firmado por el entonces presidente José Manuel Tofiño, ha sido declarado nulo de pleno derecho al no ajustarse a la legalidad exigida, por no tener plaza en la Relación de Puestos de Trabajo los empleados beneficiados con el mismo y al no haberse sometido a ninguna modificación presupuestaria la nueva situación creada con el mismo en la Diputación de Toledo». Estos han sido, según desvela Ramos, las dos razones «de peso» que han llevado al Consejo Consultivo a establecer la nulidad del decreto.
Ramos agrega: «Lo que el Consejo Consultivo hace es revisar el decreto señalado, pero en ningún caso declara la nulidad de los contratos. El dictamen lo que establece es la nulidad del decreto y, por tanto, que los trabajadores afectados quedarán en la situación que tenían el 18 de mayo de 2011».
En tercer lugar, establece: «El hecho de que existan dos votos particulares entre los miembros del Consejo Consultivo no interfiere en absoluto en la validez del Dictamen, que establece la nulidad del decreto por mayoría de sus miembros».
«NO SE PUEDE NEGAR QUE ES VINCULANTE»
Jaime Ramos también muestra su «sorpresa por el desconocimiento del portavoz socialista de la ley, cuando afirma que el dictamen es ‘preceptivo y habilitante’, cuando no puede negarse que es vinculante; sostener lo contrario sería inducir al presidente de la Diputación a cometer un delito de prevaricación. Así, el punto 1 del artículo 102 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, dispone textualmente que las administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1».
Asimismo, para Ramos, «lo que ha manifestado Álvaro Gutiérrez vuelve a buscar la confusión y la picardía como armas utilizadas para generar desconcierto sobre un tema de difícil justificación, porque aquel decreto no se hizo como ordena el derecho administrativo y sus intenciones reales han quedado de manifiesto ahora en base al dictamen emitido por un órgano independiente, como es el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha».
Sobre el futuro de los 105 trabajadores afectados, Ramos insiste en que «se verá cada caso en particular».
RAMOS REBATE LAS RAZONES DE LOS VOTOS PARTICULARES DESVELADAS POR GUTIÉRREZ
Por último, el Grupo Socialista, por medio de Álvaro Gutiérrez, desvelaba dos motivos que sostuvieron la «pata» del «no» a la declaración de nulidad realizada por el Consejo Consultivo, sostenida por los dos votos particulares: que el procedimiento debía pasar por el Pleno y no directamente por el presidente de la Diputación y que se debía haber nombrado a un instructor para garantizar la imparcialidad y no se hizo. Sobre lo primero, Ramos asegura que el procedimiento se podía hacer de las dos formas (vía Pleno o vía presidente de la institución), y sobre lo segundo, que «el nombramiento de un instructor es preceptivo en el caso de los expedientes sancionadores, y este no lo era».