El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Aurelio San Emeterio, ha indicado que «mientras Izquierda Unida da ejemplo en Andalucía y trabaja para que la vivienda sea un derecho y no una mercancía, el PP en Castilla-La Mancha y en Toledo sigue empeñado en que las viviendas de los ciudadanos sean un valor más para especular en ese mercado que tanto les gusta».
Izquierda Unida «tiene muy claro que la vivienda debe cumplir una función social y no una función especulativa que convierta a los ciudadanos en moneda de cambio». San Emeterio ha valorado de forma muy positiva que Izquierda Unida Andalucía haya impulsado este Decreto-Ley en Defensa de la Función Social de la Vivienda, un decreto que para el concejal «consagra la vivienda como derecho protegido y no como mera mercancía, da respuesta contundente a una situación de evidente emergencia social y económica y supone un ejercicio de defensa del interés general frente a los intereses particulares de la banca y las grandes empresas».
San Emeterio ha explicado en rueda de prensa que, «más allá de la expropiación temporal (tres años) del uso de las viviendas a las personas jurídicas (bancos, filiales, entidades de gestión…) que tanto ha molestado a los de siempre», el decreto anuncia sanciones de hasta 9.000 euros a personas jurídicas (bancos, inmobiliarias) que tengan viviendas vacías y prevé incentivos al alquiler.
«Y mientras Izquierda Unida ofrece soluciones, ¿qué hace el PP en Castilla La Mancha y Toledo? Arturo García-Tizón sigue con las viviendas de Esteban Illán bajo llave para que nadie las use y la Junta reserva una cantidad ridícula de viviendas para personas desahuciadas o gasta nuestro dinero en promotores».
San Emeterio ha recordado que «mientras García-Tizón se gasta el dinero de los toledanos en cuatro pisitos para el uso de sus diputados, el pasado miércoles se cumplían siete meses de abandono de las viviendas para jóvenes de la calle Esteban Illán, listas y terminadas para entrar a vivir pero cerradas. Está claro que García-Tizón prefiere especular con los jóvenes antes que solucionar sus problemas de vivienda».
Aurelio San Emeterio se pregunta también qué hace la Junta. Ha recordado que el Decreto 8/2013 de Medidas para el Fomento del Acceso a la Vivienda Protegida «es totalmente insuficiente y no aporta nada. Por poner un ejemplo, en la provincia de Toledo la Junta posee 243 viviendas, y de éstas sólo 24 serían para atender a desahuciados. Estamos hablando de una provincia y una capital de la región donde sólo en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Toledo se está ayudando a unas 80 familias».
Aurelio San Emeterio ha recordado que «en toda Castilla-La Mancha hay unas 5000 familias afectadas por procesos de desahucio y hasta el momento no existe ningún proceso establecido para que en casos de emergencia se pueda reaccionar rápido. En el mejor de los casos, y si puedes acceder a una de las pocas viviendas que se van a poner a disposición de los afectados, se va a tardar seis meses en la adjudicación de la nueva vivienda a consecuencia de los trámites; así que de emergencia nada».
Y añadía que «los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2013 prevén dedicar 22 millones de euros a la compra de viviendas de iniciativa público-privada (VIPP) a sus promotores, que se suman a los 13 millones utilizados para este mismo fin en 2012. En cambio dedicarán sólo tres millones de euros a ayudas al alquiler para las familias. Llama mucho la atención los recursos que se dedican a las familias en situaciones críticas y los que se dedican a algunos promotores inmobiliarios».