La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha va a poner en marcha un nuevo registro de organizaciones de consumidores y usuarios, con el que se pretende regular la participación social en este ámbito.
Este nuevo registro vendrá a adaptar a la realidad actual el vigente hasta la fecha, con el fin de racionalizar y articular el movimiento asociativo en materia de consumo en la región. Con esta regulación se simplifican los procedimientos administrativos y se mejora la información y la transparencia pública de los procesos que lleva la administración regional en este ámbito.
Esta iniciativa pone de manifiesto el impulso que se quiere dar desde la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo, a la presencia de los ciudadanos en las políticas públicas de consumo, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de colaboración previstos, y del diálogo abierto y permanente con las organizaciones que dan voz a las expectativas e inquietudes de los consumidores y usuarios en Castilla-La Mancha.
El decreto que regulará el nuevo registro fijará los criterios a considerar para cualquier organización privada sin ánimo de lucro que solicite ser considerada como una organización de consumidores y usuarios, además de los principios por los que se regirán y las obligaciones a las que deberán atender.
El registro, organizado en distintas secciones, va a facilitar el acceso de cualquier asociación al ejercicio de los derechos que como representantes de los consumidores les asisten. El procedimiento para que estas entidades puedan registrarse será mediante el uso de las nuevas tecnologías. Permitirá una relación entre la administración y las entidades interesadas más cercana, cómoda y flexible, con una tramitación más ágil y una mejora de la eficiencia basada en la optimización de los recursos utilizados.
El desarrollo de este registro -que no supone gasto alguno-, renueva la participación social en este ámbito adecuándolo a las necesidades reales de la población, a la vez que se potencia el compromiso del Gobierno regional con la actividad que las asociaciones de consumidores desarrollan en la defensa de sus legítimos derechos e intereses.