«La «paz social» se ha configurado en Castilla-La Mancha, como en el resto del país, en torno a un acuerdo tácito, y una negociación permanente, por el cual el conjunto de la ciudadanía sostenía a las actuales estructuras económicas e instituciones políticas a cambio de que se le garantizasen mecanismos eficaces de cohesión y protección social. Un pacto social que requería, obviamente, de que ambas partes cumplieran sus compromisos: la gente mantenía la estabilidad política a cambio de cobertura social y servicios sociales públicos, gratuitos y de calidad como la educación, la sanidad, etc. Un contrato entre la ciudadanía y sus representaciones institucionales que, unidireccionalmente, ha sido roto por las élites dominantes. Las consecuencias se intuyen ya en el horizonte: se acabó la paz social.
El ataque contra los derechos humanos perpetrado en los últimos años por las Administraciones Zapatero–Rajoy no tiene analogía posible con ningún otro momento de nuestra historia reciente. Las políticas de «austericidio» (recortes sociales más austeridad del gasto público y precariedad laboral) son una agresión premeditada y coordinada que golpea directamente en las líneas fundamentales de la cohesión social. Las políticas ensayadas son, ya lo hemos dicho muchas veces; un genocidio social encubierto.
Las instituciones, conocedoras de que la única forma pacífica de canalizar la indignación y el descontento contra unas leyes injustas, cuando no criminales, es la protesta; aprieta aún más la soga a la ciudadanía, criminalizando cualquier modo de expresión contra las políticas del Gobierno. Miles de familias abocadas a la desesperación, a quedarse sin casa, sin futuro, con graves restricciones a los servicios básicos, incluso sin acceso a la sanidad o la educación, han encontrado en los movimientos sociales la forma perfecta de organización para lograr sus objetivos: informar a la sociedad de lo que en realidad está haciendo el gobierno y conseguir, en el amplio sentido de la palabra, la transformación social.
Y no, no se trata de unos/as locos/as antisistema que tratan de derrocar al Gobierno electo por la fuerza. Se trata de familias trabajadoras, de pequeños/as empresarios/as, de autónomos/as que lo han perdido todo, que ven cómo mientras a ellos/as el gobierno les condena a la marginalidad, al mismo tiempo llena los bolsillos de aquellos/as que sustentan su posición y financian sus campañas.
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana parece la manera en la que el Gobierno trata de solventar el problema hipotecario, sacar a las gentes de sus casas y meterlas en Alcalá Meco (y no es ninguna exageración). Esa Ley en la que tratar de impedir un desahucio pacíficamente o grabar a la policía tendrá una sanción de 30.000 euros, mientras golpear a un activista no más de 300. Esa Ley que busca, por encima de todo, criminalizar a aquellas personas a las que este Gobierno ya ha castigado, con sanciones desproporcionadas, a las que no podrán hacer frente ni viviendo tres vidas. Pero no contaban con que la gente ya no tiene miedo porque no tiene nada que perder, mucho que ganar y algo que el Gobierno no comprende: una inconmensurable dignidad.
Cuando un Gobierno miente y da la espada a la mayoría popular de su país pierde toda legitimidad. La Ley de Seguridad Ciudadana está arrancando los ojos y la lengua al Estado de derecho. Ninguna democracia, que se denomine como tal, puede someter a su pueblo a la represión a la que estamos asistiendo. Esta maniobra jurídica desesperada demuestra, una vez más, que con la legislación actual España no es más que una caricatura del «pacto del 78».
En Castilla-La Mancha el caso es aún más grave, si cabe, ya que mientras es el año que más crece el número de millonarios, el año en el que el costo en propaganda de nuestro Gobierno se multiplica, el año que el gasto en asesores/as y amigos/as nombrados/as a dedo en nuestra comunidad alcanza records históricos… es el año de dejar a los niños y niñas sin comedores, a las personas dependientes sin ayudas, a las y los parados sin prestaciones, a los trabajadores autónomos sin nada.
No se pueden poner todos los ejemplos concretos existentes porque el espacio de este texto es reducido. Pero no son solo las medidas directas de recortes o represión a las que nos han sometido, sino también todas aquellas actuaciones que no se han llevado a cabo por omisión o dejación de funciones de la Administración Cospedal las que están destruyendo nuestras vidas. Y es que el deber de las y los representantes políticos es responder a las necesidades que tiene su sociedad, ser capaces de hacer planes de choque contra la malnutrición infantil, el desempleo, la falta de financiación de PYMES y autónomos, la degradación medioambiental, el machismo asesino, el fracaso escolar, etc. En lugar de eso, la respuesta de aquellas personas en las que la ciudadanía depositó su confianza en mayo de 2011, ha sido apretar aún más la soga que han puesto en el cuello de la gente.
La PAH, las diferentes mareas, los Yayoflautas, aquellos/as que se han negado a que cierren sus empresas cuando tenían beneficios y tantas y tantos otros, han sido de la misma forma a nivel estatal como regional, las puntas de flecha de un tsunami social con una opinión creciente sobre la necesidad de cambio. Y mucho más allá de los que piensan los retrógrados ideólogos del Partido Popular, no solo se trata de atajar superficialmente los problemas de la ciudadanía (algo que ni siquiera hacen), sino que hay que darles voz y voto, hay que hacer a todos y todas aquellas que de verdad sufren el problema partícipes de las soluciones, de una manera clara y directa.
Pero si algo ha caracterizado a los movimientos sociales, ha sido su famosa frase «!Sí se puede!», que no es más que un grito de esperanza. Un llamamiento democrático que está empujando a la ciudadanía a despertar de ese tan duradero letargo en el que se había sumido, recobrando lo que ellos más temen: la ilusión de un pueblo por recuperar su soberanía popular.
En Claro que Podemos creemos que no solo el miedo ha cambiado de bando, sino también la sonrisa. Y este año, que para su desgracia es año electoral, ven como la ciudadanía se organiza con un objetivo común: Recuperar las instituciones para cambiar nuestra Región. Recuperar Castilla-La Mancha para cambiar nuestro país».
Julio Pérez es candidato al Consejo Ciudadano de Podemos Castilla-La Mancha por la lista Claro Que Podemos Castilla La-Mancha.