El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia que estarán financiados por el Estado, siendo declarados como obligación de servicio público.
A través de este plan, se espera un ahorro progresivo hasta alcanzar en 2015 los 51 millones de euros anuales de costes directos.
Entre los servicios financiados sujetos a obligación de servicio público están los que unen Alcázar de San Juan con Madrid, Badajoz, Ciudad Real y Albacete; el Albacete-Valencia; el Albacete-Madrid; el Ciudad Real-Alcázar-Valencia, el Ciudad Real-Alicante; el Madrid-Puertollano-Mérida-Badajoz; el Madrid-Ciudad Real; el Madrid-Cuenca-Valencia; el Madrid-Sigüenza y el Madrid-Talavera.
También aparecen los servicios prestados por trenes de altas prestaciones, como el Madrid-Toledo; el Madrid-Ciudad Real-Puertollano.
Con este acuerdo, señala el Ministerio de Fomento en un comunicado, se garantiza los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general, así como el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan.
Este plan de racionalización de los servicios de media distancia, establecido por Fomento, se implantará en varias fases y definirá los servicios que se regirán por obligaciones de servicio público.
Para dar cumplimiento a este mandato, el criterio «fundamental e irrenunciable» del Ministerio es «garantizar el derecho a la movilidad del ciudadano, dentro de una oferta intermodal que combine servicios ferroviarios de media distancia y servicios regulares de transporte por carretera».
Se apostará, añaden en un comunicado, por aquel modo que sea más eficiente en cada caso y aquel que suponga un menor coste para el ciudadano, y se garantizarán los mayores estándares de calidad y seguridad en la prestación del servicio.
Se acomete este plan, sobre la base de «estudios rigurosos y datos objetivos, en un proceso transparente, tras haber mantenido reuniones con las comunidades autónomas y con representantes de las organizaciones sindicales del sector».
De esta manera, añaden, «se garantizan los servicios públicos, si bien con una racionalización del gasto, ya que la situación económica exige eficiencia en el uso de los recursos públicos».
El criterio general es el de declarar como obligación de servicio público (OSP) todas las relaciones con un aprovechamiento superior al 15 %, aunque algunas en las que éste se sitúe entre el 10 y el 15 por 100 también podrán declararse como OSP, teniendo en cuenta criterios de cohesión y vertebración territorial.
Otras de las medidas que se pondrán en marcha serán la mejora de los horarios o el uso de trenes más pequeños.
Se establece un plazo de seis meses para la aplicación de este acuerdo y las OSP se revisarán cada dos años.
Fomento deberá formalizar antes del 30 de septiembre de 2013 con Renfe Operadora el contrato de servicio público en el que se reflejen las condiciones en que se habrán de ejercer dichas obligaciones de servicio, así como los mecanismos para su compensación.