La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha afirmado que «nuestras cooperativas e industrias agroalimentarias constituyen una extraordinaria plataforma sobre la que edificar el presente y el futuro de nuestra región».
Soriano en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) a la Cena de Hermandad de la organización agraria Asaja y la Cooperativa Virgen del Monte de Agricultores y Ganaderos (Coovimag), en la que expuso que, dentro del sector agroalimentario, destacan por su importancia dos productos, vino y aceite, que son «estratégicos para la economía y el empleo de Castilla-La Mancha».
La responsable de Agricultura recordó que somos la primera comunidad autónoma de España en superficie de viñedo y la segunda en superficie cultivada de olivar. Y, con respecto a los mercados, se congratuló de que «somos, como región, un importante protagonista en el escenario internacional de estos dos productos».
En todo caso, reconoció que queda mucho por avanzar dentro del sector agroalimentario en la faceta comercializadora, ya que «la desventaja del productor es evidente debido al desequilibrio entre una distribución fuertemente concentrada y unos productores atomizados».
Por ello «tanto en el Gobierno central como en la Junta estamos trabajando para fomentar la integración de productores y entidades con el fin de adquirir mayor capacidad para desarrollar una actividad empresarial que contribuya a incrementar la renta de los productores», indicó.
Por otro lado, y en relación con los derechos de plantación de viñedo, la consejera de Agricultura se congratuló ante el hecho de que el Grupo de Alto Nivel nombrado por la Comisión Europea para este asunto reconozca que la liberalización total conlleva perjuicios para el sector, como han defendido la Junta y el Gobierno.
María Luisa Soriano también se hizo eco de la inquietud de agricultores y ganaderos con respecto a los robos en las explotaciones agrarias, «una preocupación que comparte la Junta», afirmó, y que llevó a la presidenta María Dolores Cospedal a solicitar al Gobierno la modificación del Código Penal, algo que se hizo realidad el pasado mes de octubre.
La consejera detalló que la nueva reforma contempla, entre otras cuestiones, el agravamiento de las penas, de hasta cuatro años, para los multirreincidentes de los robos en el campo.
Con ello «se pretende que funcione integralmente el ciclo de seguridad, es decir, que se desempeñen actuaciones decididas de las fuerzas de seguridad, con jueces que sentencien rápidamente y penas que se cumplan y sean más disuasorias», explicó Soriano, que mostró su confianza en que estas medidas ayuden a limitar el problema.