Una funcionaria del Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) ha sido suspendida cautelarmente de empleo, por sacar documentación de los archivos de forma irregular y dificultar la obtención de las pruebas necesarias para demostrar los hechos por los que se le abrió un expediente disciplinario.
Los documentos sustraídos contienen datos personales de ciudadanos e identificación de bienes de terceros, según consta en el decreto firmado por el alcalde de la localidad, Jesús Martín, en el que comunica la decisión de la suspensión cautelar de empleo a la funcionaria.
Se da la circunstancia de que la empleada municipal había sido objeto de un expediente disciplinario por haber burlado presumiblemente el pago de impuestos municipales y eximir de su pago a varios contribuyentes, entre ellos a personas allegadas.
Los hechos fueron denunciados ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Valdepeñas, donde tiene abierta una causa penal y donde entregó los citados documentos, han asegurado a Efe fuentes municipales.
En el decreto se subraya que, «como es obvio, se presumía que el citado conjunto documental, y los datos a proteger contenidos en el mismo, había sido obtenido por la citada funcionaria de manera irregular e indebida, al no existir constancia formal de su previa petición y, en su caso, concesión de su entrega, siempre que se cumplieran los trámites y requisitos exigidos por la especial y específica normativa aplicable».
El Ayuntamiento, como responsable directo e inmediato de la custodia de los ficheros que recojan, traten y almacenen datos de carácter personal, solicitó a un bufete profesional de abogados un informe sobre el alcance jurídico de esta conducta y su incidencia para la Administración local.
El informe jurídico deja claro que «el deber de secreto previsto en el artículo 10 de la LOPD persigue que los que intervengan en el tratamiento de datos personales no divulguen a terceros la información personal que sea o haya sido objeto del tratamiento de datos con la finalidad de evitar su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad del afectado».
La sustracción de los documentos, que contienen datos de carácter personal titularidad del Ayuntamiento y su aportación al Juzgado, por parte de la funcionaria, supone una vulneración del deber del secreto, que podría estar sancionado con una multa de 40.001 euros a 300.000 euros.
Además, podría constituir una comunicación inconsentida de los datos de carácter personal, y en su caso, que podría ser sancionada con una multa de 40.001 euros a 300.000 euros, según el informe jurídico.