El juicio que se iba a celebrar en Ciudad Real contra un vecino de Castellar de Santiago acusado de varios delitos de lesiones y atentado contra un agente de seguridad y por secuestrar a su madre ha sido suspendido a petición de la defensa para analizar el estado de salud mental de su representado.
Según ha explicado la letrada de la defensa, Pilar Ruiz, J.G.R., que permanecía en prisión preventiva en Herrera de la Mancha, ha necesitado estos días asistencia psiquiátrica, lo que ha provocado el internamiento del acusado en el centro psiquiátrico de Ciudad Real para evaluar su estado de salud mental.
Tanto el fiscal como la defensa trabajaban en un posible acuerdo para declarar la «inculpabilidad» del acusado y la exención de la responsabilidad de los hechos en virtud al artículo 32 del Código Penal.
Para la abogada, el acusado, que sufre una gran drogodependencia, «no sabía lo que hacía» cuando el 9 de octubre de 2010 ató a su madre con una brida en contra de su voluntad impidiendo que saliera del domicilio familiar.
Por estos hechos, el ministerio público había solicitado cuatro años de cárcel y seis meses más por delitos de atentado contra la autoridad, lesiones y faltas a los agentes policiales que intentaron entrar en el domicilio para que liberara a su madre.
El día de los hechos, el procesado, que estaba bajo los efectos de las drogas, amenazó a los agentes con un martillo de grandes dimensiones advirtiéndoles de que si accedían a la vivienda propinaría un golpe a su madre para después acabar él con su vida incendiando la casa con una botella de butano.
Ante estas amenazas, los agentes de la Benemérita entraron en el domicilio, momento en el que el acusado arrojó varios objetos que hirieron a los agentes en diversas partes del cuerpo.
Finalmente, el acusado fue convencido para que abriera la puerta y así pudiera ser liberada su madre, lo que fue aprovechado por los agentes para entrar y detener al acusado que opuso resistencia con golpes, puñetazos y mordiscos.
El juzgado de instrucción número 2 de Valdepeñas acordó en un auto del 18 de octubre de 2010 adoptar como medida cautelar la prisión provisional de J.G.R, que de acuerdo a sus circunstancias personales se verificaría en un centro de deshabituación adecuado y suficientemente acreditado