El Pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) ha aprobado tres nuevas ordenanzas municipales que regularán la contaminación acústica, la inspección técnica de edificios y la apertura de establecimientos comerciales.
La ordenanza de protección contra la contaminación acústica ha sido aprobada con los votos favorables de PP y PSOE y la abstención de IU.
El edil de Medio Ambiente, Florencio Gutiérrez, ha explicado que la ciudad se adapta así a la normativa vigente y obliga a que cada local instale obligatoriamente un tipo de aislamiento específico según su actividad y la emisión de decibelios que tenga, y también obliga a que las nuevas viviendas estén adecuadamente aisladas para obtener licencia de obra.
Gutiérrez ha indicado que la ordenanza «viene a poner orden entre la actividad empresarial y el descanso de los vecinos» y ha anunciado que habrá vigilancia y control de su cumplimiento y que los infractores serán sancionados.
El edil responsable del área considera razonables y sensatos los límites de ruido fijados en la ordenanza, pues, «no queremos convertir a Talavera en un convento de clausura».
La abstención de IU la ha explicado el concejal José María Domínguez, quien considera que a la hora de elaborar la normativa se han tenido más en cuenta los intereses de los hosteleros que de los vecinos, que presentaron alegaciones que no han sido tenidas en cuenta.
La ordenanza que regula la obligación de revisar cada cinco años los edificios y viviendas de más de 50 años ha sido aprobada inicialmente con el voto en solitario del PP y la abstención del PSOE e IU.
La concejal de Urbanismo, María Rodríguez, ha explicado que se busca controlar la conservación de los inmuebles antiguos, detectando posibles deficiencias y patologías, para solventarlas y garantizar así la seguridad, estructura y salubridad de los mismos.
Rodríguez ha avanzado que los técnicos municipales revisarán la forma en que se llevarán a cabo las inspecciones y ha asegurado que la intención del equipo de Gobierno no es gravar más a los ciudadanos, si no mejorar la seguridad.
Las estimaciones que se han manejado sobre el precio que podrá tener la revisión se cifra entre 200 y 600 euros, aunque el PSOE ha llegado a indicar que en bloques de pisos los vecinos podrían tener que abonar hasta 100 euros por vivienda.
Los ediles del PSOE e IU han coincidido en pedir que se elabore un registro de técnicos competentes, que la ordenanza recoja unas tarifas aproximadas con precios máximos a cobrar por el trabajo inspector y también las líneas de ayudas o subvenciones para afrontar las obras que pudieran derivarse de la inspección.
Los dos grupos de la oposición también han indicado que la normativa perjudicará especialmente a los vecinos de los barrios más antiguos, donde la población es especialmente desfavorecida.
La ordenanza reguladora del libre acceso a actividades y servicios y apertura de establecimientos permitirá que con una declaración responsable se pueda abrir en pocos días un establecimiento de menos de 300 metros cuadrados de actividades inocuas, aunque habrá inspecciones posteriores, puesto que «esto no va a ser un coladero», ha dicho Rodríguez, que aplaude que ayudará a los empresarios y emprendedores.