La alcaldesa de Talavera, Agustina García Élez, ha asegurado que este martes se ha dado un «paso imprescindible, definitivo y necesario” para que las 1.200 familias afectadas por la «mala gestión de los Planes de Empleo de los años 2016, 2017 y 2018, cobrarán este próximo mes de mayo».
«Mala gestión del gobierno local anterior»
«Se trata de una deuda que tenía el Ayuntamiento, debido a debido a la mala gestión del anterior equipo de Gobierno, y que nos va a costar mucho a todos los talaveranos», ha asegurado García tras la firma de los acuerdos transaccionales para el pago de la sentencia de los planes de empleo con sindicatos y representantes de los trabajadores afectados.
La regidora, que estuvo acompañada por los concejales Flora Bellón y Luis Enrique Hidalgo, estimó que los afectados «ven la luz al final del túnel después de años y años de lucha», ha sostenido, quien en la misma nota municipal ha agregado que el objetivo de su Gobierno local «ha sido siempre ayudar y solucionar los problemas de la gente».
«Una patada hacia adelante»
Ha recordado que lo primero que se encontraron, al llegar al Gobierno en junio de 2019, fue el recurso del anterior Ejecutivo que «fue una patada hacia adelante» que, ha aclarado, «provocó que los afectados no vieran solucionado su problema, sino que se alargara en el tiempo».
«Buscar una solución rápida»
A partir de entonces, ha dicho, comenzó el trabajo del actual Gobierno para llegar a acuerdos con los sindicatos y trabajar con los servicios jurídicos para «buscar una solución lo más rápido posible» y garantizar que los afectados pudieran cobrar.
Ha añadido que fue el pasado 9 de marzo cuando el Ministerio de Hacienda confirmó la concesión del préstamo al ayuntamiento, por valor de casi 9,3 millones de euros, que se formalizó con una entidad bancaria el 6 de abril.
En este sentido, ha lamentado que el portavoz del Grupo Municipal Popular, Santiago Serrano, haya calificado como «circo mediático» el acto, que ha catalogado como un «atrevimiento y una falta de responsabilidad” con los centenares afectados y con la propia ciudad.
«No es un capricho…»
«No es un capricho del equipo de Gobierno ni de los sindicatos, sino algo fundamental para que estas personas, por fin, puedan cobrar. Por eso, como hemos hecho desde el principio, nos hemos arremangado y trabajado para dar este último paso que nos requiere el Ministerio» en relación a saldar la deuda que este ayuntamiento contrajo con los trabajadores «por la mala gestión del anterior Ejecutivo», ha atajado.
Tras la firma de estos acuerdos de pago con los representantes legales, el juzgado tendrá que dar el visto bueno para homologar estos documentos -en unos dos días- para luego trasladarlo al Ministerio de Hacienda que, una vez lo reciba, procederá a ingresar la cantidad concedida a través del préstamo que concedió al Ayuntamiento por valor de casi 9,3 millones de euros.
De forma paralela, el Consistorio tiene que terminar de confeccionar alrededor de 8.000 nóminas, que son las que se han visto afectadas por esas diferencias salariales, para pagar lo correspondiente a la Seguridad Social.