Según ha informado la organización agraria en nota de prensa, después de examinar el expediente aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el pasado 7 de septiembre, los servicios jurídicos de Asaja han concluido que «no hay ningún fundamento técnico y objetivo que sustente la decisión plenaria» de alejar las granjas porcinas a pesar de que en dicho expediente se dice tener en cuenta informes técnicos que, sin embargo, no constan en el mismo.
Desde Asaja han recordado que, en la actualidad, la normativa nacional que regula la distancia mínima de las explotaciones ganaderas al casco urbano fija ésta en un kilómetro, si bien se proyecta aumentarla a dos.
También han indicado que los ayuntamientos tienen potestad para regular dicha distancia a través de sus ordenanzas municipales respetando el mínimo establecido por la norma estatal.
En este sentido, se pretende modificar la redacción del artículo 43.3 que regula la distancia al suelo urbano de actividades o industrias que originen deyecciones de animales o produzcan residuos malolientes, unos cambios que afectarían exclusivamente a las explotaciones porcinas, que no podrían instalarse a menos de 8 kilómetros.
La organización agraria ha destacado igualmente que cualquier proyecto ganadero tiene que cumplir una normativa medioambiental «muy exigente» que, en el caso de las explotaciones porcinas conlleva, además, contar con un plan de gestión de residuos que elimine los riesgos de contaminación.
A esta normativa se unen, además, las limitaciones impuestas por las distintas figuras de protección medioambiental, LIC, ZEC y ZEPA, existentes en la comarca.
Por todo ello, Asaja Toledo ha considerado que lo que el Ayuntamiento de Talavera pretende es «prohibir una actividad ganadera legítima sin ningún argumento objetivo, atacando así a un sector tan importante para la economía provincial como es el del porcino«.